ONU: al menos 66 indígenas fueron asesinados en 2019

Al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa, entre ellos 13 de sus autoridades, fueron asesinados el año pasado en el departamento del Cauca. Así lo reveló este miércoles la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe anual para Colombia.

“El informe 2019 manifiesta profunda preocupación por el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”, afirmó el representante en Colombia de la ACNUDH, Alberto Brunori, en la presentación del documento.

El funcionario añadió que esa cifra supone “un incremento de casi el 52 %, de acuerdo al Instituto de Medicina legal en comparación con 2018”.

El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencia de las Farc, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico.

La confrontación entre estos grupos por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene un mayor número de cultivos ilícitos en el país, con 17.177 hectáreas sembradas de coca, según cifras del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.

En el documento, la oficina registró “15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”, de los cuales 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, según Brunori.

“Se observó con preocupación que la Justicia Penal Militar continuó solicitando la jurisdicción sobre estas investigaciones. En algunos casos la Fiscalía incluso remitió los casos a la jurisdicción penal militar”, detalla la información.

Al mismo tiempo recordó que según “las normas y estándares internacionales”, la Jurisdicción Penal Militar “no debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos”, pues es competencia de la justicia ordinaria.

Brunori también manifestó su preocupación porque “información documental que indicaría” que el 8 de abril del año pasado en el municipio de Valdivia (Antioquia), miembros de grupos criminales participaron en “una operación militar oficial”.

En esta explicó, que los delincuentes portaron armas y realizaron “acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas”.

“En el desarrollo de estas acciones, estos individuos detuvieron ilegalmente a dos campesinos, a quienes además sometieron a tratos crueles. Estas detenciones fueron posteriormente declaradas como ilegales por un juez”, señala el texto.

En su informe anual, la ACNUDH documentó 108 asesinatos de defensores de derechos humanos, de ellos 15 mujeres y dos miembros de la comunidad LGBTI.

“El 75 % ocurrió en zonas rurales, el 86 % en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91 % en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica y el 98 % en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, de grupos violentos y de grupos criminales”, detalló.

Por esto, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, urgió “a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a responder de manera rápida y efectiva a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de la definición de medidas concretas y coordinadas”.