MinJusticia respondió al beneficio que pedia Petro para Epa Colombia, ¿podría salir?
Luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera un beneficio para Epa Colombia y su libertad, la ministra de Justicia respondió.
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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respondió contundentemente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, quien se encuentra cumpliendo una condena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Buitrago explicó que la decisión de otorgar beneficios penitenciarios a Barrera no depende del presidente ni de su despacho, como había solicitado el mandatario en un mensaje a través de su cuenta de X.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló sobre la solicitud que le hizo el presidente Gustavo Petro en relación al caso de “Epa Colombia”.
Explicó que la Ley de Utilidad Pública está destinada a beneficiar a mujeres cabeza de familia que cumplan con ciertos… pic.twitter.com/d85B48reoc
— #MiTvCanal20 📺 (@MiTVCanal20) February 14, 2025
El presidente Petro había pedido la aplicación de la Ley 2292 de 2023, que ampara a las mujeres cabeza de familia condenadas por ciertos delitos, solicitando que Barrera pueda salir diariamente de la cárcel para cumplir con actividades comunitarias, en lugar de permanecer internada. Sin embargo, la ministra Buitrago fue clara al señalar que únicamente un juez de ejecución de penas tiene la competencia para modificar la condena de Barrera o evaluar si puede acceder a beneficios penitenciarios como los que prevé esta ley.
La Ley de Utilidad Pública, mencionada por Petro, está diseñada para beneficiar a mujeres en condiciones de marginalidad, permitiéndoles cumplir su condena mediante trabajo comunitario, pero, según la ministra, no todas las personas condenadas por delitos califican automáticamente para acceder a este beneficio. Buitrago subrayó que, en el caso de Epa Colombia, los delitos por los cuales fue condenada no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser beneficiaria de dicha alternativa.
Con estas aclaraciones, la ministra de Justicia dejó en claro que el proceso para determinar si Barrera puede acogerse a la Ley de Utilidad Pública sigue siendo un asunto legal, que debe ser resuelto a través de la evaluación de un juez y no por decisiones políticas.
