Investigan a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por presunta corrupción
La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, enfrenta cargos por presuntas irregularidades en un contrato millonario.
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María Isabel Urrutia Ocoró, exministra del Deporte, está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por casi 5.000 millones de pesos. El contrato en cuestión tenía como objetivo la implementación de un sistema nacional de validación para el ingreso a los estadios de fútbol, pero la Fiscalía sostiene que se llevó a cabo de manera irregular, incumpliendo las normas de contratación pública.
Según la investigación, Urrutia fue imputada por los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” y “falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual”. El contrato se adjudicó para desarrollar un software que permitiera asociar las boletas de los hinchas con sus documentos de identidad, facilitando la verificación de antecedentes y la aplicación de restricciones de ingreso. Sin embargo, este proceso no cumplió con los procedimientos legales establecidos, ya que se realizó una adjudicación directa sin convocar a varios oferentes, como exige la ley.
El 5 de agosto de 2022, a través del Decreto 1622, el Ministerio del Deporte fue designado para liderar la contratación de este sistema. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el proceso de selección del contratista no cumplió con los requisitos legales. En lugar de abrir el proceso a varios candidatos, Urrutia habría buscado intermediarios y condicionado a los contratistas a subcontratar con una persona previamente elegida, lo que habría garantizado que esta persona obtuviera el contrato desde el principio.
Además, la Fiscalía señala que el contrato ejecutado no cumplió con el propósito inicial descrito en el decreto. Mientras que el Decreto 1622 autorizaba a la exministra para contratar el diseño e implementación del sistema, el contrato finalmente firmado era para realizar un análisis previo sobre la viabilidad de la implementación, lo cual se considera una falsedad en los documentos oficiales.
Durante una audiencia celebrada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Urrutia se enfrentó a las imputaciones por estos delitos. La investigación continúa mientras la exministra defiende su inocencia, argumentando que no cometió irregularidades en el proceso.