Importador que tenía contacto con médicos y pacientes, cobraba hasta $480 millones por medicamentos
Un medicamento que en Estados Unidos se consigue en unos 96 millones de pesos estaba siendo facturado al sistema de salud por 472 millones, gracias a un distribuidor que consiguió la historia clínica y entró en contacto con la paciente.
- Advierten incremento del costo en servicio de energía en Sogamoso, Boyacá
- Audifarma no entregará más medicamentos a usuarios de la Nueva EPS: conozca las razones
Camila fue diagnosticada con Hepatitis C, su médica infectóloga decidió formularle un tratamiento de 3 meses con el medicamento Harvoni, que no se encontraba disponible en Colombia.
Casi de inmediato, ante el Invima, encargada de dar los permisos para entrar los medicamentos al país, la empresa Aphotec solicitó la autorización para la importación de los 3 frascos que necesitaba Camila.
Sin embargo, cuando la EPS fue a comprar el medicamento para Camila. Se dio cuenta que Aphotec tenía la exclusividad de importación del Harvoni y lo estaba cobrando 390 por ciento más caro que en el distribuidor oficial para Latinoamérica.
“La EPS viene y nos muestra diferentes cotizaciones de diferentes importadores y nos muestra que al que nosotros aprobamos tenía unos excesos de precio totalmente inexplicables totalmente excesivos y abusivos”, indicó Javier Guzmán, director del Invima.
Al comparar las cotizaciones de los otros importadores, se evidencia el sobrecosto de Aphotec, empresa que lleva un año funcionando y se constituyó con $5 millones de capital. Aphotec explicó cómo hizo para obtener la historia clínica reservada de Camila y solicitar la importación antes que todos.
“La doctora le recetó el medicamento y como tenemos la opción de ofrecerle el Harvoni, no porque fuéramos distribuidores, sino porque teníamos que no lo proveyera del exterior, nos entregó la historia y me la solicitud del Invima”, dijo Jaime Ramos, vocero Aphotec.
Para el director del Invima, esta práctica de empresas importadoras de medicamentos se ha vuelto recurrente y están aprovechándose de la necesidad de los pacientes.
“Tienen información de historias clínicas de los pacientes sin que la EPS los haya autorizado. Solicitan la autorización del Vital no disponible, pero al final con esas autorizaciones son para cobrar precios exorbitantes”, agregó Guzmán.
El problema ya está pasando a mayores en el país, anualmente se están presentando 800 casos de estos.