ICP alerta por decreto del MinAgricultura: “Amenaza el derecho a la propiedad privada de los colombianos”

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP- a través de un comunicado, alertó sobre el borrador del decreto que reglamenta el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo – PND.

Asegura el ICP que el borrador de la normativa “excede las facultades reglamentarias consolidando nuevas causales de extinción de dominio de predios rurales”, y que esto podría llegar a ser más gravoso que la misma expropiación.

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Alega el documento que después de que se analizó el borrador, identificaron que “bajo el argumento de dar cumplimiento a las metas determinadas” dentro de la “Reforma Rural Integral – RRI, “el Gobierno estaría yendo en contravía del derecho a la propiedad y el debido proceso”.

Además, el ICP asegura que el proyecto también buscaría otorgar más competencias a la Agencia Nacional de Tierras, sin control judicial.

“De aprobarse este decreto se le darían competencias adicionales a la ANT excediendo los límites constitucionales respecto a las funciones del ejecutivo“, dice el comuniado.

Por estas razones, el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, hizo un llamado a las “organizaciones de la sociedad civil” para que presenten antes del 24 de agosto sus comentarios al proyecto.

Piden la suspensión del artículo

De acuerdo con Chacón, esta medida constituye una amenaza a los derechos de
propiedad privada, restringe la libertad económica y la posibilidad de elegir de los campesinos y agricultores sobre el uso de suelo de sus tierras.

Por estas razones es que desde el ICP le pidió a la Corte Constitucional que declare la suspensión provisional del Artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, “con el fin de evitar que el Gobierno Nacional expida normas que desarrollen el mencionado artículo en contravía de normas constitucionales y legales”.

“Violación del principio de legalidad y de la separación de poderes”

De ampliarse la aplicación de las causales de extinción de dominio o de introducir unas nuevas, según el ICP, el Gobierno estaría incurriendo en una violación del principio de legalidad y de la separación de poderes, ya que estaría ejerciendo funciones que corresponden al Congreso de la República.

Respecto a la Agencia Nacional de Tierras, aseguran que esta, según su análisis, podría exceder por mucho las competencias asignadas que tiene.

“El decreto genera incertidumbre al no definir con claridad la forma como la ANT determinará la existencia de algunas de las nuevas causales”, confirma el comunicado.

Actualmente, son la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, las Secretarías de Hacienda Municipales o la Superintendencia de Sociedades, quienes en el marco de un proceso judicial, deben demostrar que existe una causal previamente establecida por ley para extinguir el dominio de un predio.

Llamado a control político a la ministra de Agricultura

El director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, en el comunicado exhortó al Congreso para que se cite a debate de control político a la jefe de la cartera de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez.

“Exhortamos al Congreso de la República, en particular a las Comisiones Quintas del Senado y la Cámara de Representantes para que cite a debate de control político pluripartidista a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, con el fin de garantizar la legalidad del mencionado proyecto y proteger el derecho constitucional a la propiedad privada de los colombianos”, agregó Carlos Augusto Chacón.