Hay irregularidades en Unidad de Gestión de Riesgo desde 2020: dice Contraloría
Eso supone una “adición” este año por el acumulado de los sobrecostos, incluidos dos años del Gobierno de Iván Duque
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La Contraloría halló “irregularidades en la contratación y en la ejecución de los recursos públicos” en los últimos cuatro años de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad estatal que está bajo investigación tras las acusaciones de corrupción del anterior director Olmedo López.
Las nuevas irregularidades están relacionadas especialmente con 31 contratos del programa ‘Hambre Cero’ y con la compra de camiones cisterna para llevar agua potable a regiones que sufren por la sequía.
“Tras analizar la contratación de suministros de carrotanques, entre el 2020 y el 2024, la Contraloría General de la República advierte un incremento inusitado del monto de dicha contratación, en aproximadamente un 700 %”, dijo esta entidad en un comunicado.
Eso supone una “adición” este año por el acumulado de los sobrecostos, incluidos dos años del Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y los dos primeros de Gustavo Petro, “de unos 37.500 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) tan sólo en el caso de los carrotanques”.
Corrupción crónica
La Ungrd está en el centro del escándalo nacional tras el descubrimiento de la malversación de 46.800 millones de pesos colombianos (unos 12 millones de dólares) de esta entidad de gestión de catástrofes en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira, mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
Esos contratos se firmaron durante la gestión de Olmedo López, quien llegó a la dirección de la Unidad en abril de 2023 y renunció en febrero pasado tras conocerse las primeras denuncias de corrupción en esa entidad.
El caso creció luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló que con dinero de esa entidad se pagaron sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del presidente colombiano, Gustavo Petro.
Sin embargo, el nuevo hallazgo de la Contraloría revela una práctica extendida de corrupción en esta entidad estatal, tanto en la contratación de carrotanques “de forma igualmente atípica”, sobre todo en los departamentos caribeños de Córdoba, La Guajira, Bolívar y en Boyacá (centro), como en 31 contratos con “irregularidades” de gestión del programa ‘Hambre Cero’ que supondrían 131.812 millones de pesos (34,2 millones de dólares).
Estos contratos, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el fenómeno de La Niña, fueron otorgados en 2023 por López y Pinilla a “empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel”.
Por esos contratos la Contraloría declaró “impacto nacional” e incluso en el caso del ‘Hambre Cero’ envió copias a la Fiscalía para su investigación.
Otros hallazgos
La Contraloría también encontró irregularidades en la contratación de obras en el departamento de Santander y en el alquiler de maquinaria pesada.
Así, hubo un incremento del 160 % en el dinero gastado para el alquiler de maquinaria pesada, que pasó de 88.000 millones de pesos (22,8 millones de dólares) en 2022 a cerca de 227.000 millones de pesos (58,9 millones de dólares) en 2023.
Para la Contraloría, llama la atención que una sola empresa tuvo una “desconcertante concentración de recursos”, con 13 contratos adjudicados por más de 21.000 millones de pesos (5,5 millones de dólares).
El informe añade que, en el caso de Santander, hay “riesgos elevados” de malversación porque ese departamento concentra casi un tercio de toda la ejecución nacional de obras para mitigación de riesgo, sumando desde 2020 la cifra de 4,9 billones de pesos (1.270 millones de dólares).