Gobierno y ELN se reúnen para aprobar protocolos del cese al fuego
Nuevamente, se ven las caras las dos delegaciones de paz para definir cómo operará el cese el fuego bilateral y nacional
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Arrancó hoy en La Habana la reunión de las dos delegaciones de paz del Gobierno y el ELN para discutir y aprobar los protocolos pendientes para la implementación del cese el fuego bilateral y nacional que regirá a partir del 3 de agosto, así como los mecanismos de la participación social en la construcción de la paz.
Nuevamente, se ven las caras las dos delegaciones de paz para definir cómo operará el cese el fuego bilateral y nacional entre las dos partes a partir del 3 de agosto.
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Desde La Habana, Cuba, el integrante de la delegación de paz del Gobierno y presidente de la Comisión de paz del Senado, Iván Cepeda, dijo que el trabajo de los próximos días “estará concentrado en terminar los protocolos del cese el fuego y también desarrollar los mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de paz”.
El cese el fuego bilateral regirá a partir del 3 de agosto con posibilidades de ampliación previa consulta con la mesa de diálogos.
Contará con un robusto mecanismo de monitoreo y verificación acompañado de una veeduría social.
Este mecanismo estará integrado por la fuerza pública y la oficina del alto comisionado de Paz, el ELN, las Naciones Unidas y la Iglesia católica.
“Los protocolos establecen las normas que dicen qué acciones están claramente prohibidas y en qué marco se mueven de aquí en adelante y las fuerzas militares y el ELN”, dijo monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia católica en la mesa de diálogos.
Por su parte, Antonio García, primer comandante del ELN a través de su Twitter, aseguró que esta guerrilla está lista para firmar el cese el fuego a partir del 3 de agosto.
“El ELN cumplirá el acuerdo de cese de operaciones ofensivas pactado con el Gobierno del 6 de julio al 3 de agosto”.
El cese al fuego tiene como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios y que las acciones específicas acordadas entre las partes generen condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades.