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Gobierno rechaza el no pago de pejaes en algunas zonas de Colombia

Según el Gobierno, el uso político de los peajes genera un riesgo significativo para la seguridad y la estabilidad de estos espacios

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Gobierno rechaza el no pago de pejaes en algunas zonas de Colombia

El pago de peajes ha sido en las últimas semanas tema de polémica, puesto que varias comunidades se han quejado de los cobros o incluso la distancia entre un peaje y otro; esta situación de inconformidad ha generado en distintas ocasiones protestas y en estas la evasión del pago de algunos de los peajes del territorio colombiano.

A raíz de esta situación, el Gobierno Nacional a través de un comunicado abordó el tema y ratificó el rechazo a la evasión del pago de peajes.

El comunicado explica que el pago de los peajes es fundamental para el financiamiento tanto para obras nuevas como mantenimientos en las vías del país.

Los proyectos de carreteras concesionadas, que se gestionan mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), y algunas iniciativas privadas (IP), se financian en su mayoría a través del recaudo de pesetas. Estas tarifas son fundamentales para garantizar la construcción, mantenimiento y operación de las vías que conectan a las regiones del país.

En cuanto a la situación actual, las autoridades han expresado su preocupación por la desinformación que circula sobre los temas tratados en las mesas de trabajo y su impacto en la percepción ciudadana.

Según el Gobierno, el uso político de los peajes genera un riesgo significativo para la seguridad y la estabilidad de estos espacios, resaltando que las decisiones tomadas buscando el bienestar general, calculando en información precisa del contexto regional.

Llamado a la movilización pacífica

El Gobierno Nacional ha hecho un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica, recordando que las vías de hecho no solo afectan a los usuarios de las vías, sino también a los trabajadores de los jaulas y las fuerzas de seguridad. . Bloquear o dañar un peaje, además de ser ilegal, representa un delito con penas que pueden superar los siete años de prisión y multas elevadas.

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