Giovanni Álvarez es designado como fiscal de la JEP
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09/10/2017
Giovanni Álvarez Santoyo fue designado por el comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Álvarez fue elegido entre 27 participantes, “gracias a la calidad de los aspirantes y a los criterios establecidos por el acuerdo de paz, para este proceso de selección, el Comité escogió al señor Giovanni Álvarez Santoyo al considerar que cuenta con la experiencia, la trayectoria, las cualidades necesarias y el compromiso requerido para dirigir tan importante unidad”, indica el comunicado emitido por el mismo Comité.
En entrevista exclusiva para CM&, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, habló de las facultades que tiene el fiscal de la JEP: “va a tener las mismas competencias que tiene el fiscal general de la Nación al interior de la JEP, es un fiscal que va a poder dictar medidas de aseguramiento, capturas y tendrá toda la capacidad de manejo de la policía judicial de la JEP”.
Y agregó que el Fiscal de la JEP va actuar en los procesos en los que no exista reconocimiento de responsabilidad, si no hay reconocimiento por parte de un miembro de la insurgencia o un miembro de la fuerza pública las penas pueden ser hasta de 20 años de prisión, actuará en los casos que haya controversia, en los que no se acepte la responsabilidad.
Montealegre también se refirió a lo que primero que debe hacer Álvarez Santoyo al asumir como Fiscal de la JEP, “una de las misiones más importantes es conformar su propio cuerpo de fiscales, al menos 16, competencia para crear la policía judicial y fundamentalmente va a tener la capacidad probatoria de la investigación de las violaciones masivas a los derechos humanos, todos los delitos del conflicto armado, estamos hablando de más de 100.000 hechos cometidos por las Farc y de miles de casos cometidos por miembros de la fuerza pública”.
Otra de las tareas del fiscal de la JEP será presentarle al congreso un proyecto de ley en el que establezca sus competencias en materia penal.
