En firme decreto que permite prestación del servicio educativo en zonas afectadas por el conflicto
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03/10/2017
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio vía libre al decreto 882 de 2017, mediante el cual, “se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.
La corporación judicial tomó la decisión al considerar que el decreto resulta necesario para la implementación del acuerdo de paz y la fomentación de la educación en las zonas rurales del país afectadas por el conflicto.
Desde la Procuraduría General, se había solicitado a través de un concepto la exequibilidad del decreto al considerar que “uno de los asunto más importantes del acuerdo final es la transformación estructural del campo a través de la Reforma Rural, creando condiciones para la población rural y de esta manera contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”.
Dentro del decreto se plantea que es necesario que la brecha entre la educación rural y urbana no aumente, “específicamente en los municipios priorizados, y que los índices de cobertura y permanencia educativa en las zonas campesinas del país arrojen crecimiento”.
Para ello se realizará un concurso de méritos desarrollados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el cual tendrá las siguientes etapas: convocatoria, inscripciones, aplicación de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, la cual tiene carácter eliminatorio, y eje la prueba psicotécnica; publicación de resultados de las pruebas y reclamaciones, recepción de documentos, verificación de requisitos, publicación y reclamaciones, aplicación de la prueba de valoración de antecedentes, publicación y reclamaciones, publicación de resultados consolidados y aclaraciones, elaboración del listado de elegibles y nombramiento en periodo de prueba y evaluación del mismo.