Condenan al exgobernador de Magdalena, Francisco Infante, por corrupción en contratos
La sentencia está relacionada con un contrato que tenía por objeto la toma de muestras de sangre para detectar el VIH a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento
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El exgobernador del departamento colombiano del Magdalena, en el norte del país, Francisco Infante fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 15 años y ocho meses de prisión por firmar contratos irregulares para detectar el VIH, informó este miércoles la Fiscalía.
Durante la investigación y en el juicio la Fiscalía demostró que Infante “hizo parte de un entramado de corrupción que direccionó indebidamente y se apropió de los recursos de un contrato destinado a la toma de muestras para detectar el VIH”.
El fallo de la Sala Especial de primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia precisó que el exmandatario, quien ejerció como gobernador encargado en 2007, es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Adicionalmente, indicó que la pena deberá hacerse efectiva en centro carcelario, por lo que ordenó su “captura inmediata”.
La investigación dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que mientras Infante fue gobernador encargado dio vía libre para la celebración irregular de un contrato por 443 millones de pesos, un poco más de 100.000 dólares de hoy.
Ese contrato tenía por objeto la toma de muestras de sangre para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento.
Se estableció que el exmandatario permitió que fuera celebrado el contrato con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud, que además había presentado una oferta comercial por encima de los precios de mercado, no contaba con personería jurídica ni experiencia mínima, infraestructura y solvencia financiera.
En la fase de ejecución se ordenó el desembolso de un anticipo del 50 % del valor del contrato. Este dinero fue consignado a una cuenta distinta a la registrada por el IPS.
El contrato fue liquidado y pagado en su totalidad. Como sustento se aportaron certificaciones que daban cuenta de la atención total de la población a beneficiar; sin embargo, 1.065 personas no fueron atendidas y de las 2.935 personas restantes se tomó una muestra aleatoria, la cual manifestó que nunca recibió el servicio.