¿Demanda de Petro al Estado por abucheos en su contra? Esta es la verdad sobre el tema
En conclusión, Petro no demandó al Estado por gritos de repudio a su gestión. El mandatario sí empezó un proceso judicial contra el país, pero en el año 2012 y por interceptaciones ilegales
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Es falso que el presidente Petro, haya demandado al Estado por una cifra millonaria debido a cánticos en su contra, en realidad, los mensajes tergiversan una información que se refería a una demanda de 2012, cuando era político de la oposición, por escuchas telefónicas ilegales.
Perfiles de redes sociales se han hecho eco de una afirmación que asegura que la familia presidencial demandó al país y está exigiendo un pago de más de cien mil millones de pesos colombianos (unos 25,5 millones de dólares al cambio actual), por los cánticos de “fuera Petro” que se han escuchado en estadios de fútbol y otros escenarios.
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“La familia Petro quiere que los colombianos le financien la vida de millonarios”, agrega el mensaje viralizado en Facebook y en X.
El texto circula junto a una imagen en la que aparece el mandatario y el siguiente titular: “Gustavo Petro demandó al Estado por persecución a él y a su familia”.
HECHOS: El presidente colombiano no está exigiendo una reparación económica de parte del Estado debido a gritos en su contra, un rastreo en internet prueba que los internautas tergiversaron una información de la prensa local que hablaba de una demanda que Petro interpuso en 2012, cuando era político de la oposición, por un caso de escuchas ilegales bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, por el que la Justicia falló a su favor en 2020.
El origen de la foto
En primer lugar, el montaje que utilizan las publicaciones virales lleva en la parte inferior el logo del portal CW+ Noticias, un medio digital con sede en la ciudad colombiana de Cali, ubicada al suroeste del país.
Esta composición visual fue distribuida en las redes sociales de CW+ Noticias el 17 de febrero de 2024. Se difundió junto a un texto de varios párrafos que sostenía que Petro había presentado “una millonaria demanda al Estado buscando indemnización por seguimientos y persecución”.
El reporte también indicaba que “según la defensa del mandatario, se observa una persecución permanente hasta el año 2020”.
El escrito se refiere a la demanda como si fuese reciente, no remite a ningún documento oficial que la respalde ni tampoco amplía la información en su página web.
En ese sentido, un rastreo en Google consigue un artículo de la Revista Semana fechado el mismo día y con datos similares, pero en donde sí se menciona que se trata de un procedimiento legal antiguo.
La información —presentada como una exclusiva de Semana- revela en realidad una actualización por un proceso judicial que inició en 2012, y que tuvo fallo en 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Dicho veredicto está vinculado con un caso que involucra al extinto organismo estatal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), encargado durante su tiempo en activo de los servicios de inteligencia de Colombia. No se cita ninguna demanda por abucheos.
La demanda original es del 2012
A partir de los datos, es posible hacer un rastreo en internet que consigue la sentencia publicada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Está fechada en febrero de 2020 y al revisarla se puede corroborar que responde a una demanda interpuesta en el año 2012.
Petro y su familia iniciaron un proceso contra el Estado por las ‘chuzadas del DAS’, un escándalo de espionaje ocurrido durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Estas intervenciones afectaron a periodistas, magistrados, políticos opositores y hasta defensores de derechos humanos, como se informó en su momento.
Petro buscaba responsabilizar a instancias oficiales por la persecución contra él y a su familia a principios de los 2000.
La Justicia terminó por darle la razón, y el dictamen del Tribunal ordenaba reparar a Petro con 100 salarios mínimos, equivalentes en ese entonces a unos 23.000 dólares.
En conclusión, Petro no demandó al Estado por gritos de repudio a su gestión. El mandatario sí empezó un proceso judicial contra el país, pero en el año 2012 y por interceptaciones ilegales.
Con información de EFE