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Nacional

Cuatro preocupaciones del fiscal sobre la ley estatutaria de la JEP

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El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, a través de una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque, presentó cuatro preocupaciones de la institución sobre algunas disposiciones del proyecto de ley “estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial de Paz”.

El primer punto al que se refiere Martínez es el relacionado con los reinsertados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente, que podrán conservar beneficios de la JEP. <<No serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria>>.

La segunda preocupación del fiscal se enmarca en la reincidencia en el secuestro, narcotráfico y homicidios. <<No implicará pérdida de todos los beneficios del sistema de la JEP>>.

La tercera se trata de la suspensión de investigaciones de delitos relacionados con el conflicto.

Y la cuarta tiene que ver con la impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables.

En el documento, de nueve páginas, se resalta que en estas materias el Congreso adoptó, en su sentir, las decisiones más convenientes para el interés nacional y la consolidación del proceso de paz, como resultado de un consenso que se alcanzó entre el gobierno de la época, el Legislativo y la Fiscalía.

“No obstante, el texto que ha sido sometido finalmente a la sanción presidencial desconoce en dichos asuntos algunas premisas del acuerdo final de paz y resultaría altamente inconveniente frente a la política criminal del Estado y el cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en el marco de los convenios y tratados de defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad”, agregó el fiscal.

Ante estos reparos, la JEP reaccionó y aseguró que los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho para los 9691 exFarc, 1958 miembro de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado ahora sometidos a la JEP, “es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la Presidencia de la JEP al presidente Duque el pasado 4 de febrero del 2019”.

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