Corte Suprema remite indagación de Uribe a Fiscalía por presuntos nexos con masacres
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La Corte Suprema de Justicia remitió este martes a la Fiscalía la indagación previa contra el expresidente Álvaro Uribe por sus presuntos vínculos con tres masacres perpetradas en Antioquia y por el homicidio de un defensor de Derechos Humanos.
El alto tribunal señaló que perdió competencia en estos casos cuando el exmandatario renunció a su curul en el Senado, y por ello quedó sin fuero de congresista y sus actuaciones pasan a ser competencia de la justicia ordinaria.
“Esta decisión se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados (…) en la Constitución Política para continuar conociendo de este asunto, de ahí que por competencia lo remita al fiscal general”, indica la Corte en un comunicado.
Uno de los casos remitidos es la indagación por la masacre de El Aro, perpetrada por paramilitares entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en en ese caserío del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.
Uribe ha sido vinculado a esa masacre por supuestamente haber apoyado durante su periodo como gobernador de ese departamento (1995-1997) a los paramilitares que asesinaron a 17 campesinos.
El proceso contra el expresidente indaga de manera preliminar su presunta implicación en la masacre debido a que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la matanza.
Según la Corte, “en ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango”.
La masacre de El Aro, al igual que otras a las que Uribe ha sido vinculado, como la de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 y que dejó cinco muertos, fue declarada crimen de lesa humanidad por lo que no tiene prescripción.
El proceso que involucra a Uribe indaga también la presunta conformación, promoción o financiación a mediados de los años noventa de una organización armada al margen de la ley.
Que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia del expresidente para esa época.
Según el expediente, el grupo armado habría cometido ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas las masacres del 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.
La Corte también remitió a la Fiscalía la indagación por el asesinato de Jesús María Valle, abogado defensor de Derechos Humanos en una de las etapas de más duras de violencia del conflicto armado.
Que presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte en su contra.
El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas por los mismos paramilitares.
A principios de febrero de 2018, un tribunal de Medellín pidió que se investigara al expresidente Álvaro Uribe por su relación con el homicidio de Valle.
Ya que la reunión para concertar su asesinato supuestamente tuvo lugar en una finca de la familia del expresidente, según el juzgado.