Consejo Electoral pospuso votación de ponencia que pide sancionar campaña de Petro
La Sala Plena tuvo en cuenta una petición de una magistrada, quien pidió conocer la totalidad del expediente, luego de reintegrarse al tribunal, tras una incapacidad médica.
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El Consejo Nacional Electoral pospone hasta el próximo 30 de septiembre la votación sobre la ponencia que pide formular cargos a la campaña de Gustavo Petro, por violación de los topes electorales.
La Sala Plena tuvo en cuenta una petición de la magistrada Alba Lucia Velásquez, quien pidió conocer la totalidad del expediente, luego de reintegrarse al tribunal, tras una incapacidad médica.
Los magistrados también definieron que, por ahora, no tendrán en cuenta en el debate al magistrado Altus Baquero, hasta que la Corte Constitucional notifique formalmente sobre la orden de reintegro del togado.
Los límites de gasto
Una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluye que la campaña electoral que llevó a la Presidencia de Colombia a Gustavo Petro en 2022 violó los topes de gasto establecidos en la ley y recurrieron a fuentes de financiación prohibidas.
Según la información revelada este lunes por el periodista Daniel Coronell en la W Radio, la investigación que lleva a cabo el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (1,27 millones de dólares) y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral.
De esa forma, durante la primera vuelta supuestamente se sobrepasó en 3.700 millones de pesos (888.650 dólares) y hubo siete violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos (120.000 dólares) del principal sindicato de la educación, Fecode, y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático que hace parte de la coalición gobernadora.
Entre las irregularidades aparece vinculado Xavier Vendrell, un político catalán investigado por lo ocurrido durante el ‘procés’ catalán y cercano a Petro, en concreto por no haber reportado el pago a testigos electorales durante la campaña.
Durante la segunda vuelta electoral también se habrían superado los topes en 1.600 millones de pesos (382.000 dólares) y se habrían cometido cinco violaciones.