‘Chuzadas’ en Colombia ¿Cómo se intercepta una línea telefónica y cuándo es legal hacerlo?
NotiCentro1 CM& consultó con un experto cómo se interviene una línea telefónica
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Las interceptaciones ilegales telefónicas, conocidas en Colombia como ‘chuzadas’, son una serie de prácticas ilegales que consisten en espiar comunicaciones privadas de personas con el propósito de obtener información confidencial sin el consentimiento de los involucrados. Esta práctica incluye, además de llamadas telefónicas, la vigilancia de mensajes de texto, correos electrónicos y otras formas de comunicación digital.
Este fenómeno delictivo, qué por primera sonó con fuerza durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través del extinto Departamento Administrativo de de Seguridad (DAS) volvió al sonajero público por intermedio de las denuncias que salpican principalmente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntas ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional y la JEP, familiares de funcionarios públicos, periodistas, congresistas de oposición y militares en retiro.
NotiCentro1 CM& consultó con un experto cómo se interviene una línea telefónica: dicha práctica requiere de una orden de un juez según lo que establece la Ley 1621 de 2013. De lo contrario, se configura un delito.
“Para interceptar a nivel central hay una serie de requisitos que deben cumplir los fiscales, como unas órdenes de policía judicial, unas órdenes de interceptación, y deben tener unos motivos fundados, no se puede interceptar a cualquier persona porque sí”, explicó para este noticiero el director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), Yefrin Garavito.
En Colombia, la Fiscalía General es la encargada de centralizar las operaciones legales de interceptación telefónica, apoyadas a través de los respectivos operadores de telefonía, por lo que realizarlo de manera irregular es complicado.
“A nivel extrajudicial es más complejo porque deben tenerse los equipos y la tecnología que es muy costosa, que no la tiene ninguna persona particular en el país, y adicionalmente tendría que tener acceso del equipo al dispositivo para instalar algún tipo de software.“, detalló el funcionario.
Del mismo modo, la ley permite que las autoridades realicen dentro de sus órdenes u omisiones de trabajo un monitoreo al espectro electromagnético de comunicaciones privadas. Pues con la actual tecnología es complejo determinar cuándo un dispositivo ha sido ‘chuzado’.
“Sin embargo, las interceptaciones de comunicaciones ilegales a través de softwares espías que se instalan directamente en los dispositivos si pueden ser identificadas gracias al análisis forense de esos dispositivos celulares para identificar las aplicaciones.“, puntualizó Garavito.
El delito podría conllevar a una pena carcelaria de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión