Desplazamiento forzado aumentó un 213 % en Colombia
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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo aseguró que en el tercer trimestre de 2021 se registró un aumento 213 % de desplazamiento forzado en comparación con el mismo periodo en el 2020.
Durante julio, agosto y septiembre pasados ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, aseguró el defensor del Pueblo.
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“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, indicó Camargo.
En comparación con el mismo trimestre (julio, agosto y septiembre) del 2020, en el 2021 se incrementó un 213 % el número de familias afectadas (se pasó de 1.682 a 5.266) y en un 107% el de personas (de 7.542 a 15.644).
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Entre las víctimas están ocho comunidades afro y cuatro indígenas. Los desplazamientos ocurrieron en los municipios:
- Antioquia: Ituango y Peque
- Bolívar: Montecristo
- Cauca: Santander de Quilichao y Argelia
- Chocó: Nuquí, Lloró y Medio San Juan
- Nariño: Magüí Payán y Tumaco
- Norte de Santander: Cúcuta
- Valle del Cauca: Buenaventura
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En el mismo lapso, las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.
De éstas, ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
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De manera particular, durante el mes de julio de este año se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, situaciones que hacen que persistan las dinámicas de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, de desplazamiento masivo forzado y de confinamiento forzado.
Para el mes de agosto, la Defensoría del Pueblo observó que la población que ha sido desplazada en los eventos masivos, en la región Pacífica del país, iba regresando a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras.
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Las comunidades se vieron obligadas a regresar a sus territorios, para velar por sus bienes materiales, cultivos y trabajo.
“Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que al finalizar el mes de septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios”, concluyó Camargo.