Alerta ambiental por desmesurado incremento de explotación ilegal de oro en Colombia
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La actividad de las dragas y retroexcavadoras en los ríos, sumada a las temporadas de calor, están acabando con los ríos del país.
El desastre ambiental generado por los grupos armados ilegales con esta práctica es incalculable. Se estima que recuperar una hectárea de tierra contaminada por la minería podría costar 100 millones de pesos, y en tiempo, hasta 30 años.
Las manos de cientos de comunidades, que durante siglos subsistieron de la minería artesanal, fueron desplazadas por la maquinaria amarilla de las mafias que en poco tiempo y de manera ilegal sacan a la fuerza de las entrañas de la tierra el oro que se esconde en la arena de los ríos. Una práctica que amenaza a 187 municipios del país en seis departamentos.
“El 82 por ciento de la minería ilegal en el país se realiza en los ríos Cauca, Nechí, Atrato […]”, indicó el coronel Carlos Alberto Montenegro Maya, comandante de la Brigada Contra la Minería Ilegal.
El coronel Montenegro, que lidera desde el Ejército la lucha contra la minería ilegal en el país, asegura que son más de 107.000 hectáreas de tierra las afectadas por esta práctica e innumerables los recursos hídricos contaminados, cuya recuperación, además de costosa, puede demorar hasta 30 años.
“Parte de los desastres naturales se han generado por los cambios de cauce, como el Sambingo en el Cauca y el Telembí […]”, agregó el coronel.
Este es el ejemplo más claro: la avalancha del río Sambingo hace cinco años. Por las fuertes lluvias su caudal creció y por la falta de cauce, sus aguas corrieron violentamente sin rumbo causando una gran tragedia en Bolívar, Cauca; esas mismas aguas que tres años después desaparecieron. Este sobrevuelo al mismo río Sambingo, revela la dramáticas consecuencias de la explotación ilícita de oro en las enormes playas que deja la excavación indiscriminada de los guaqueros. El río además de sus aguas perdió su curso. Se espera que la actual temporada de lluvias alimente su caudal.
Las autoridades responsabilizan al ELN, a las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y a otras bandas criminales, no solo del gran desastre ambiental que trae la explotación ilegal de oro, sino de la descomposición social de las poblaciones donde hay oro.
“[…], lo preocupante es la vinculación de las comunidades con los grupos armados en estas actividades […]”, añadió Montenegro.
A pesar de las vastas operaciones policiales y militares que terminan con la destrucción de maquinaria y la captura de cientos de personas vinculadas de alguna forma a la minería criminal, lo que se necesita es inversión social y fórmulas que le permitan a las comunidades acceder de manera legal a la actividad minera.