Alcaldesa de Vetas denuncia persecución sistemática del MinAmbiente contra minería legal
La alcaldesa hizo un llamado a permitir la actividad minera legal en la región para garantizar la supervivencia de la comunidad.
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En un contundente pronunciamiento durante un debate en la Cámara de Representantes, la alcaldesa de Vetas, Angélica María García Rodríguez, expresó su preocupación por el impacto del Decreto 044 de 2024 en la comunidad minera de la provincia de Soto Norte. La mandataria municipal acusó al Ministerio de Ambiente de liderar una persecución sistemática contra la minería legal en la región.
La denuncia de la alcaldesa surgió durante un debate de control político en el que se discutía la expedición del mencionado decreto, el cual faculta al Gobierno nacional a declarar y delimitar zonas de reserva temporal sin criterios técnicos y desconociendo acuerdos previamente alcanzados en mesas de delimitación del Páramo de Santurbán.
Según García Rodríguez, la aplicación de este decreto afectaría la vocación minera ancestral de Vetas, California y Suratá, así como los acuerdos de delimitación establecidos. La alcaldesa expresó su preocupación por el incremento del acoso de grupos armados que podrían incursionar en la minería ilegal en la región.
En palabras de la alcaldesa, “la aplicación del Decreto 044 borra la vocación minera ancestral y tradicional de Vetas, California y Suratá, desconoce los acuerdos de las mesas de delimitación, aumentará el acoso de los grupos armados que ya están buscando hacer minería ilegal en nuestra Provincia, y nos convertirá en ilegales a todos los titulares, a los pequeños mineros y a los mineros en proceso de formalización”.
La comunidad minera de Soto Norte se ve afectada por la implementación de este decreto, ya que convierte a los titulares mineros legales en ilegales, así como a aquellos que buscan formalizar su actividad. García Rodríguez destacó la importancia de cumplir con los acuerdos de delimitación del Páramo y respetar el derecho de las comunidades a participar en decisiones ambientales.
El pronunciamiento de la alcaldesa tuvo lugar en el marco del debate de control político adelantado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre el Decreto 044 de 2024. Según García Rodríguez y diversas asociaciones y empresas mineras, este decreto se burla del derecho constitucional a la participación y del acuerdo de Escazú.
La alcaldesa instó al Ministerio de Ambiente a informar sobre las zonas de reserva temporal que se pretenden decretar en los municipios de Vetas, California y Suratá, y solicitó que no se lleve a cabo esta medida sin la participación previa de toda la comunidad. Destacó que la minería es el principal renglón económico de una zona con 400 años de arraigo minero.
Finalmente, García Rodríguez alertó sobre el impacto negativo que una declaratoria de reserva temporal tendría en la región, aumentando los riesgos de contaminación por mercurio y generando problemas sociales derivados de la persecución ambiental.