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Luis Alberto Gil Castillo recibió apoyo de las AUC para obtener una curul en el Congreso: Consejo de Estado

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Luis Alberto Gil Castillo recibió apoyo de las AUC para obtener una curul en el Congreso: Consejo de Estado

La Sección Segunda del Consejo de Estado ratificó la sanción disciplinaria que profirió la Procuraduría General de la Nación en contra del exsenador Luis Alberto Gil Castillo, en la cual lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 20 años, al hallarlo responsable de parapolítica.

El alto tribunal con ponencia del magistrado William Hernández Gómez afirmó que “mientras que se adoptan los ajustes en el ordenamiento interno, la competencia de la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular se mantiene incólume”.

Añadió que contrario a lo que señaló el excongresista, la Procuraduría si le respetó sus derechos y garantías procesales.

Afirmó la corporación judicial que tras analizarse las pruebas recaudadas a lo largo del proceso “se encuentra suficientemente acreditado que las Autodefensas Unidas de Colombia lograron crear una verdadera estructura de poder que se infiltró en diferentes estamentos políticos, entre ellos, Convergencia Ciudadana, partido político que desde el año 2002 se financió con recursos de las AUC a cambio de colaborar en la ejecución del proyecto ideológico que pretendía llevar a cabo la organización paramilitar”.

Aseguró que incluso “se probó sin lugar a dudas que el señor Luis Alberto Gil Castillo recibió apoyo de este grupo al margen de la ley con el fin de obtener una curul en el Congreso de la República en las elecciones parlamentarias celebradas en 2002 y 2006”.

Advirtió el magistrado ponente que incluso las declaraciones aportadas dentro del expediente ubican “al exsenador en una serie de reuniones que se presentaron con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en las que se discutieron asuntos de índole político e incluso se suministraron recursos económicos para el financiamiento ilegal de las campañas electorales del partido Convergencia Ciudadana”.

Añadió el Consejo de Estado que la presencia de Luis Alberto Gil Castillo “en la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Chicamocha en el año 2006”, quedó demostrada con las declaraciones que entregaron varios testigos cercanos a comandantes de las AUC.

“Este encuentro pone de presente los compromisos recíprocos asumidos por las AUC y el partido político Convergencia Ciudadana, en virtud de los cuales el primero de ellos suministraba ayuda financiera y electoral al segundo, debiendo este último apoyar el proyecto político y demás intereses de la organización al margen de la ley” agregó.

Luis Alberto Gil Castillo fue sancionado luego de que el Ministerio Público determinara que “el grupo paramilitar liderado por alias Ernesto Báez realizó alianzas con algunos candidatos”, entre ellos Gil Castillo, “con el propósito de poner a su servicio el aparato estatal a cambio de brindarle a aquellos el apoyo de las bases sociales”.

“La Sala concluye que el ente sancionador demostró con pruebas suficientes y contundentes los nexos que existieron entre algunos cabecillas del grupo al margen de la ley y el hoy demandante, a efectos de que el último alcanzara una de las más altas esferas políticas del país, como es el Congreso de la República, para, en retribución, poner sus funciones al servicio de aquellos”.

“Tan contundentes son las pruebas en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 18 de enero de 2012 proferida dentro del proceso 32.764 que se siguió en contra del hoy demandante, decidió, por los mismos hechos, declararlo responsable del delito de concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley, condenándolo a 90 meses de prisión y multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, puntualiza el fallo.

La Procuraduría en su momento afirmó que el Tuerto Gil, como se le conoce al excongresista “tenía una relación personal motivada en intereses particulares con el señor alias Ernesto Báez y que prueba de tal acusación eran las múltiples reuniones políticas a las que asistieron los citados en compañía de otros políticos e integrantes de las autodefensas. Dentro de tales encuentros resaltó la reunión llevada a cabo en época previa a las elecciones parlamentarias de 2002 en zona rural del municipio de Puerto Berrio, Antioquia; la sostenida en igual periodo en San Rafael de Lebrija y otra celebrada en el año 2006 en Bucaramanga”.

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