Pliego de cargos al contralor de Boyacá y ocho funcionarios por viaje a Panamá

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al contralor de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez, y a ocho miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la entidad, por presuntas irregularidades en la destinación de recursos públicos e indebida contratación para el viaje de 82 funcionarios a Panamá, cuyo costo superó los $137 millones.

El órgano de control endilgó cargos al contralor, como presidente de la junta directiva del fondo, al secretario general, Enrique Monroy; a la directora administrativa, Luz Ángela García; a la subdirectora financiera, Mónica Yasmith Buitrago; al jefe de la oficina de Control Interno, Orlando Jeremías Rivera; al director administrativo, Jorge Luis Rodríguez Vega; a Yaneth López Pulido y Adolfo Quintana, quienes actuaron como representantes de los empleados y a María Stella Rondón como líder del COPASST, todos miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría. 

Para el Ministerio Público, “los disciplinados habrían desconocido los principios que regulan la contratación estatal, al suscribir un acta en la que se autorizó contratar el viaje a Panamá para 82 funcionarios, como una actividad de bienestar e integración de la planta global de la Contraloría”.

El órgano de control “reprochó a los funcionarios por permitir el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría, así como la contratación de la actividad realizada entre el 3 y 5 de marzo de 2018, sin el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ley y el uso de la modalidad contractual de forma indebida, violando, al parecer, los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad”. 

Asimismo, la Procuraduría cuestionó a los disciplinados porque habrían permitido que personas ajenas a la Contraloría se beneficiaran de recursos públicos de la entidad, teniendo en cuenta que aprobaron la participación de exfuncionarios y personas que al momento de la realización del evento eran ajenas al ente de control fiscal. 

Por último, el Ministerio Público advirtió una presunta omisión en el control de la actividad contractual, lo que permitió el viaje de Alejandro Martínez, quien se desempeñaba como aprendiz y su condición laboral no era objeto del contrato suscrito por el Fondo de Bienestar Social.