Las razones del Gobierno para oponerse al proyecto de ley sobre fertilización

A través de conceptos enviados a la Corte Constitucional, los Ministerios de Justicia y de Hacienda le solicitaron al alto tribunal, declarar fundadas las objeciones que se presentaron al proyecto de ley mediante el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que no se puede pretender garantizar “a todos los usuarios del sistema general de seguridad social en salud los tratamientos de infertilidad a través de Técnicas de Reproducción Humana Asistida financiados con recursos públicos, sin que se haya evaluado si los mismos cumplen o no con los criterios de exclusión”.

Agregaron, que al no cumplir con el procedimiento para determinar si tales tratamientos o servicios y tecnologías que lo componen están excluidos del sistema, “se vulnera el derecho de los ciudadanos y demás actores del sistema a participar en dicha determinación, todo lo cual constituye razones suficientes para mantener la objeción formulada por inconveniencia e inconstitucionalidad”.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el hecho de que la mencionada ley ordene la inclusión en el Plan de Beneficios de dos tipos de terapias, a financiarse con recursos públicos, en este caso la técnica de reproducción asistida, se aparta la ley estatutaria de salud, “porque ésta exige que las inclusiones surtan un proceso técnico científico, para cada tecnología en salud, proceso que no se ha dado para las que este proyecto determina”.

Explicó además, que se realizó un estudio para evaluar los efectos del impacto fiscal del proyecto de ley, utilizando para ello el número promedio entre el máximo y mínimo de parejas del estudio realizado, esto es, 235.914 parejas, “lo que significaría un impacto fiscal de alrededor de $13 billones, considerando 3 ciclos de tratamiento”.