Colombia y 16 países más en vía de desarrollo reclaman en carta a la UE sobre la ley antideforestación

Un total de 17 países en vía de desarrollo enviaron este viernes una carta conjunta a la Unión Europea (UE) en la que reclaman sobre la entrada en vigor de la llamada “ley antideforestación”.

En un comunicado, la Cancillería brasileña informó de que los 17 países cuestionan puntos del nuevo reglamento contra la deforestación importada (EUDR) que entró en vigor el pasado 29 de junio, para hacer frente a la crisis climática.

Las nuevas reglas impiden que ingresen al mercado europeo productos de países o regiones deforestadas o degradadas, los principales productos afectados serán el aceite de palma, ganado bovino, la soja, café, cacao, madera, caucho y sus derivados.

La carta fue dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

“El objetivo de la iniciativa es reiterar la preocupación por el carácter punitivo y discriminatorio del reglamento europeo, así como subrayar la importancia de que la UE mantenga un diálogo efectivo con los países productores”, apuntó la Cancillería brasileña.

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Brasil “mantiene su firme compromiso con la lucha contra la deforestación y ha reforzado las actividades de vigilancia y preservación de los bosques brasileños, en particular en la Amazonia”.

No obstante, añadió, la ley “entra en conflicto con los principios que rigen el comercio internacional y con los acuerdos multilaterales sobre el clima y la biodiversidad” y “presenta malentendidos y desequilibrios económicos, sociales y medioambientales”.

La carta fue firmada por países de América Latina y el Caribe, África y Asia.

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Además de Brasil, firmaron el documento Argentina, Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominicana y Tailandia.

Para los países firmantes, la normativa europea “establece un sistema unilateral de evaluación de riesgos que es intrínsecamente discriminatorio y punitivo, lo que puede ser incompatible con las obligaciones de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.

“El enfoque inflexible adoptado por la UE ignora las diferentes condiciones locales e inevitablemente impondrá enormes costes a exportadores, importadores, productores y consumidores”, citó.

La misiva sostiene que “los pequeños productores son especialmente vulnerables a la EUDR y requieren un apoyo especial” y la UE “debe reconocer los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para mejorar sus medios de vida y sus prácticas de sostenibilidad”.