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Mundo

Escándalo de corrupción sacude el ecosistema de criptomonedas en Venezuela

Un escándalo de corrupción sacude el ecosistema de criptomonedas en Venezuela, afectando la minería y las transacciones con petros.

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Regulación de criptomonedas en Colombia

En Venezuela, el mundo de las criptomonedas, muy activo debido a la búsqueda de refugio ante la inflación y el bajo costo de la electricidad necesaria para operar con estos activos, se encuentra sacudido por un escándalo de corrupción que tiene como epicentro a la petrolera PDVSA.

El gobierno de Nicolás Maduro apostó fuertemente por las criptomonedas como una vía para eludir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, e incluso lanzó en 2018 una criptomoneda estatal, el petro.

Sin embargo, las cosas han tomado un giro inesperado. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP), entidad estatal encargada de regular las criptomonedas, se ha visto involucrada en un escándalo de corrupción en PDVSA y otras empresas e instituciones estatales. Esta trama ha llevado a la detención de varios funcionarios y a la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

El caso se originó a raíz de denuncias de la fiscalía sobre irregularidades en el manejo de fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos. Como consecuencia, el presidente de la superintendencia, Joselit Ramírez, y el jefe de operaciones de minería digital de la institución, Rajiv Mosqueda, fueron arrestados en marzo.

Durante las investigaciones, inversores en criptomonedas aseguran que se han emitido múltiples órdenes de apagar granjas de minería digital y plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que ha paralizado el ecosistema local. Hasta el momento, no se ha obtenido información sobre la cantidad exacta de granjas y plataformas afectadas, según fuentes judiciales.

Ante esta situación, Humberto Quevedo, directivo de la Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP) y de la plataforma CryptoLand Venezuela, ha solicitado mayor transparencia por parte de las autoridades y cuestiona las acciones que están afectando negativamente a la minería de criptomonedas en el país.

La Superintendencia de Criptoactivos está actualmente bajo el control de una junta interventora, pero su sede permanece cerrada desde la detención de Ramírez. Incluso las letras metálicas del cartel de ‘SUNACRIP‘ en la puerta del edificio en el centro de Caracas han sido retiradas.

El uso de criptomonedas en Venezuela era alto mucho antes del lanzamiento del petro. Estos activos digitales se consideraban un refugio frente a la inflación crónica y la constante depreciación del bolívar, la moneda local. Según una encuesta presentada el año pasado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, aproximadamente el 10,3% de la población venezolana posee criptomonedas, frente al 8,3% en Estados Unidos y el 5% en el Reino Unido.

Por otro lado, la minería de criptomonedas como el bitcoin ha proliferado en Venezuela en la última década impulsada por el bajo costo de la energía necesaria para su producción, a pesar de los problemas de suministro eléctrico en el país. En un principio, la minería de criptomonedas fue perseguida, pero posteriormente el gobierno la autorizó y la fomentó mediante la creación de granjas de minería estatales.

Además, en los últimos días se ha producido la paralización de las transacciones con petros, la criptomoneda estatal. La cadena de bloques del petro ha sido interrumpida sin explicaciones por parte de las autoridades. Esto ha afectado a las operaciones y ha generado confusión entre los inversores. Se especula que un error de sistema en las cotizaciones permitió adquirir petros a precios muy por debajo del mercado, lo que precedió a la situación actual.

Los inversores también denuncian que cientos de cuentas de usuarios del petro han sido bloqueadas en la plataforma digital de planes sociales del gobierno, sin que se haya dado ninguna explicación al respecto.

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