Álvaro Uribe será investigado en Argentina por falsos positivos: ¿por qué en ese país?
Quienes presentaron la demanda contra el expresidente fueron once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales: estos son los detalles
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El expresidente colombiano, Álvaro Uribe será investigado por la justicia de Argentina, luego de que aceptara una demanda que fue interpuesta por familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales, bajo el principio de jurisdicción universal, en el país del cono sur.
Más concretamente, quienes presentaron la demanda fueron once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales: el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL).
El recurso jurídico fue remitido ante el juez federal argentino Sebastián Ramos, bajo el principio de jurisdicción universal, el cual permite investigar y juzgar a autores de crímenes en cualquier parte si en la nación donde ocurrieron los hechos no se están investigando.
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Según dio a conocer Infobae, quien anunció la apertura de la investigación contra el expresidente fue el fiscal Carlos Stornelli, quien a través de un dictamen de 22 páginas sostuvo que “las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación”, en la que se acusa a Uribe por su presunta participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su gobierno.
“No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto responsable al ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Álvaro Uribe Vélez, ciudadano colombiano, que sería identificado con la cédula de ciudadanía nro 70.041.053″.”
La denuncia
La denuncia radicada ante el Juzgado Federal 2 de Buenos Aires el pasado 7 de noviembre dice, de manera textual:
“Venimos a denunciar la participación de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensión que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.