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Fiscalía reveló amenazas de muerte e intimidaciones a testigos en el caso de ‘Centros Poblados’

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Fiscalía

El excontratista Emilio Tapia, el gerente de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el representante de la empresa de seguros Rave, Juan José Laverde, no aceptaron los cargos de falsedad en documento privado y fraude procesal que les imputó la Fiscalía, que asegura, que los tres capturados falsificaron las garantías bancarias para quedarse con el billonario contrato del MinTIC.

“Emilio Tapia usted fue la persona que presentó a Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Novotic, los nombres de las empresas Intec de la Costa, Omega Buildings e ICM ingenieros. Era usted señor Tapia quien manejaba dichas empresas a través de terceros. Encargándose junto a Juan José Laverde de contactar a Jorge Molina García-Mayorga para la consecución de las garantías falsas”, dijo en su imputación de cargos la fiscal delegada, Paola Flórez.

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La Fiscalía reveló que hubo amenazas de muerte contra Juan Carlos Cáceres, socio fundador de Novotic y de Nuovo Security, quien “aportó el rol de cada uno de los implicados en esta trama”.

“Hay una denuncia del señor Juan Carlos Cáceres. Hombres fuertemente armados entraron a su vivienda, lo amenazaron a él y a su hijo, que sufre de una discapacidad, por si hablaba”, agregó la fiscal, Andrea Muñoz.

Jorge Molina García-Mayorga, a quien buscaron para la consecución de las garantías falsas, también se convirtió en testigo y contó que le pidieron inculparse.

“Le pidieron a Molina que se inculpara y que ellos le iban a pagar todo. Después le enviaron a un abogado, Daniel González. Juan José Laverde le propuso aceptar porque sabía que detrás de esto había gente muy importante”, agregó Muñoz.

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Aunque la Fiscalía concluye que Tapia podría obstruir la investigación por cuenta de estas amenazas, solo hasta el viernes se reanudará la audiencia.

La Fiscalía advirtió en todo momento que los capturados indujeron en error a los funcionarios del MinTIC y que esta investigación la abrieron gracias a una denuncia del Ministerio.

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