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‘Directrices militares deben respetar derechos humanos’: Consejo de Estado

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El Consejo de Estado le hizo un llamado de atención al ministro de Defensa, Guillermo Botero, para que las directrices o manuales de operaciones militares respetan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El pronunciamiento fue hecho al condenar al Ejército Nacional por la muerte de un líder campesino que fue presentado como integrante de un grupo armado al margen de la ley.

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Andes, en zona rural del municipio de Montañita, Caquetá el 16 de noviembre de 2004, cuando integrantes de la Sexta División del Ejército dieron de baja al hombre que supuestamente se encontraba armado e intentó atacarlos.

La investigación demostró que la persona era un campesino dedicado a la agricultura, sin antecedentes penales, que de manera inverosímil intentó atacar, con un arma de defensa personal, a un pelotón de uniformados que portaban fusiles galil, metralletas y morteros.

Para la Sección Tercera es claro que no existió enfrentamiento armado y que el Ejército incurrió en una falla del servicio al perpetrar la muerte de una persona inocente, con el fin de presentar resultados positivos.

El fallo hizo referencia a la publicación del periódico The New York Times en el que se advierte sobre supuestas instrucciones a militares para duplicar las bajas en combate, por lo que señala que es necesario adoptar medidas para que hechos del pasado no se sigan repitiendo.

Por tal motivo, el alto tribunal exhortó al ministro de Defensa para que las directrices de actividades de confrontación armada tengan en cuenta el respeto por los derechos humanos.

“A efectos de evitar que directivas operacionales generen un posible riesgo de ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones de derechos humanos, tal como sucedió en el pasado con hechos execrables impulsados por la Directiva ministerial permanente 029 de 2005, por la que varios militares fueron investigados”, indicó el alto tribunal.

La sentencia también le ordenó al Ministerio de Defensa publicar en un periódico de circulación nacional un informe en el que se aclare que la víctima no murió en combate, sino a manos de miembros del Ejército.

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