Diputados de San Andrés fueron enviados a la cárcel por extorsión
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Una Fiscalía anticorrupción de Bogotá debió asumir el caso de los diputados de San Andrés que le pidieron contratos al gobernador para no hacer debates contra él. Un juez los envió a la cárcel.
Catorce meses después de haber sido denunciados por amenazar al secretario de agricultura, Roy Robinson, con una moción de censura si no les daba contratos, un juez envió a la cárcel a los diputados de la asamblea de San Andrés, Bradison Fernández Bryan y Milton López James.
“Fueron imputados por tráfico de influencias en concurso heterogéneo con concusión, precisamente ante la valoración que la Fiscalía y la policía realizaron de los elementos materiales probatorios y la evidencia física encontrados en este proceso”General Jorge Luis Vargas, director de la Dijin
La investigación que nadie quiso asumir en el departamento archipiélago fue adelantada por la Fiscalía Primera especializada anticorrupción de Bogotá, tras analizar los videos grabados en secreto por el propio secretario Robinson y ser calificada como prioritaria por el Fiscal General.
“Hemos determinado priorizar estas investigaciones por delitos contra la administración pública, no es posible que nada haya pasado después de los videos que prueban la comisión de delitos”, dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez el 17 de octubre de 2017.
A finales de diciembre de 2017, los diputados fueron suspendidos tres meses sin remuneración por parte de la Procuraduría, mientras se adelantaban las investigaciones que concluyeron con la medida de aseguramiento.
El general Vargas indicó que “donde se establecen a través de pruebas periciales, de traducciones, de transliteraciones inclusive del leguaje autóctono, del idioma autóctono de la isla al español y se logra citar a estas personas a audiencia de imputación”.
La decisión de enviar a la cárcel Nueva Esperanza fue tomada por el juez primero promiscuo de San Andrés, tras una semana de audiencias reservadas a solicitud de la defensa de los diputados, quienes fueron escondidos por sus familiares a la salida del complejo judicial.
“El juez declara toda la legalidad del procedimiento y declara también unas medidas intramurales”General Jorge Luis Vargas, director de la Dijin
Actualmente la policía Judicial, la Fiscalía y la procuraduría adelantan otras cinco investigaciones por delitos contra la administración pública del departamento insular, en las que están involucrados varios funcionarios de la gobernación y los entes descentralizados del archipiélago.
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