Diego Palacio no logró entrar en la JEP por no cumplir con el tiempo necesario en prisión
A pesar de la interpretación que el expresidente Álvaro Uribe le dio a la negativa de una juez de concederle la libertad a su exministro condenado, Diego Palacio, la funcionaria judicial tiene argumentos objetivos para haber tomado esa decisión.
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“Mire, comparemos estos casos, el uno, es uno de los masacradores de El Nogal, queda en libertad. Diego Palacio, un hombre honorable está condenado por una autoincriminación de una señora”, indicó el senador Álvaro Uribe.
Aunque el senador Álvaro Uribe criticó la decisión de negarle la libertad al exministro de protección social Diego Palacio en desarrollo de los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz, asegurando que esa negativa es la muestra de que la JEP solo beneficia a la guerrilla de las Farc.
Las afirmaciones del expresidente no se ajustan a la verdad judicial, según la decisión de la jueza de ejecución de penas que tuvo que resolver la petición de libertad del exministro.
Un requisito indispensable para tener derecho a la libertad condicionada en la JEP es haber cumplido, de su pena, mínimo cinco años en prisión. De lo contrario, sea quien sea el aspirante, no podrá acceder a ese beneficio. Adicionalmente, Diego Palacio tampoco cumplió con los otros requisitos.
El motivo adicional para negarle su petición al exministro es de procedimiento, pues su solicitud no llegó a través de la oficina del Secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, sino que Palacio lo hizo directamente y según su jueza, no allegó el acta de su compromiso con la JEP en el formato oficial para ese trámite.
La jueza que resolvió rechazar la solicitud del exministro del gobierno Uribe no lo hizo por razones políticas, de acuerdo con su escrito sino por faltas de procedimiento y de fondo que impiden, jurídicamente, la aplicación de los beneficios.
Diego Palacio fue condenado a seis años y medio de prisión por el delito de cohecho dentro del expediente de la Yidispolítica. Sin embargo había pedido ingresar a la JEP aduciendo que el delito por el que fue condenado, es decir, comprar el voto de Yidis Medina para aprobar la figura de la reelección presidencial a favor de Álvaro Uribe, tuvo relación directa con el conflicto armado puesto que pretendía la continuidad de la política de seguridad democrática de ese gobierno encaminada a la lucha contra las Farc.