Despido masivo en la Fiscalía
Más de 5 mil 700 funcionarios de la Fiscalía fueron despedidos intempestivamente de la entidad.
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Algunos de los 5.738 despedidos de la Fiscalía recibieron en sus correos un mensaje horas antes de iniciarse el puente festivo, en que les ordenaban permanecer en las instalaciones de la entidad hasta nueva orden. Noticias Uno conversó con unos de los que tuvieron que quedarse en el denominado búnker hasta las 3 de la mañana del sábado, esperando a ser notificados.
A otros los llamaron el sábado 1 de julio y les dijeron que necesitaban notificarlos, pero no les dijeron sobre qué. Ellos esperan recibir un documento, el martes 4 de julio, primer día laboral de la semana que comienza, en que supuestamente les dirán de manera oficial que ya no pertenecen a la Fiscalía y que deben devolver el carné, los expedientes y los archivos físicos y magnéticos que tengan en sus oficinas.
“Igualmente usted deberá presentar dentro de los tres días siguientes al recibo de la presente comunicación, el Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada”
Pese a que amanecerán sin empleo y sin ingresos económicos, les desean muchos éxitos
“Le deseo los mayores éxitos en las actividades que tenga a bien emprender”
La resolución de la Fiscalía de mil 119 hojas de extensión en donde figuran los nombres de todos los funcionarios que tuvieron la suerte de conservar su empleo, y se excluyeron los de aquellos que fueron despedidos, se basa en un decreto presidencial firmado en el marco legislativo del acuerdo de paz. Ese decreto, distinguido con el número 898, que modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía para combatir a las bandas criminales, debe pasar el control automático de la Corte Constitucional. Ya hay quiénes se preguntan qué tiene que ver la lucha contra los delincuentes comunes con los casi seis mil funcionarios que perdieron su puesto en ese organismo.
La Corte Constitucional tiene un mes de plazo para decidir si ese decreto presidencial se ajusta a la Carta Política. De la suerte que corra el decreto también dependerá la legalidad de la resolución de la Fiscalía que incrementó el porcentaje de desempleados que deberá reportar el Dane. Si la Corte no avala la norma examinada, a la Fiscalía le sobrevendrá una andanada de demandas ante la justicia contenciosa que los afectados están empezando a preparar.