Corte Suprema de Justicia se defiende ante la ONU en proceso contra Uribe Vélez

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló envió al Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta al relator Especial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, quien había expresado su preocupación por la forma en que se estaba adelantando la investigación penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por presunta manipulación de testigos.

En el documento de 34 páginas conocido por CM&, Barceló explica puntualmente la actuación que ha desarrollado esa corporación judicial en contra de ambos congresistas, afirmando para ello que contrario a lo que se ha manifestado por parte de la defensa de los parlamentarios tanto a Uribe Vélez como a Prada no se les ha “vulnerado el debido proceso”.

Álvaro Uribe Vélez

Barceló inicia por explicar cada caso por separado, comenzando por el del expresidente Uribe, en el cual afirma que “las alegaciones presentadas por la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez son incompletas en cuanto tiene que ver con el origen del Acto Legislativo 01 de 2018 y el de las investigaciones en las que identifican la presunta vulneración a sus garantías judiciales”.

Explicó que el Acto Legislativo 01 de 2018 se creó fue a raíz de un fallo que la Corte Constitucional profirió en 2014, el cual pedía que se creará la doble instancia para aforados al considerar que “en el régimen procesal penal aplicable en Colombia existía un déficit normativo que implicaba la omisión de un compromiso adquirido con el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos”.

Barceló señaló que ese Acto Legislativo modificó la estructura de la Corte Suprema de Justicia toda vez que creó al interior de esa corporación judicial “una Sala Especial de Instrucción para el trámite de las investigaciones en contra de los miembros del Congreso, y una Sala Especial de Primera Instancia para que conozca, en primera instancia, de los juicios contra todos los aforados constitucionales”.

Aclaró que la segunda instancia de las decisiones tomadas por la Sala Especial de Primera Instancia, “se le asignó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Bajo ese punto resaltó que si bien el Acto Legislativo se aprobó y publicó en enero “su aplicación inmediata resultaba imposible (…) porque las Salas Especiales encargadas de la investigación y el juzgamiento creadas aún no estaban conformadas”. Afirmó que ello necesitaba de un proceso de elección de magistrados que integraran ambas salas.

El magistrado igualmente explicó cuál fue el origen de la investigación en contra de Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Señaló que en 2012 Uribe Vélez presentó una denuncia en contra del senador Iván Cepeda en la cual lo acusó de buscar supuestamente declaraciones de exparamilitares en contra de él y su hermano Santiago Uribe a cambio de favores judiciales. No obstante, indicó Barceló que la prueba recopilada durante la investigación “permitió concluir que el doctor Iván Cepeda no abusó de sus funciones, no ofreció beneficios judiciales y no entregó dinero a los reclusos para que declararan en contra de Álvaro Uribe Vélez”.

Indicó que en esa misma investigación y con las interceptaciones que se realizaron a algunos testigos dentro de la misma se evidenció  “una posible intervención de Álvaro Uribe Vélez frente a los testigos, con la finalidad de que hicieran cargos a Iván Cepeda” por lo que se ordenó expedir copias en su contra por presunta manipulación de testigos para que declararan contra Cepeda.

Señaló que “no se vulneró derecho alguno al señor Álvaro Uribe Vélez, porque los hechos que son materia de investigación, si bien son diferentes en tiempo y espacios (…) surgieron de las pruebas recolectadas” en la indagación contra Iván Cepeda.

Barceló explicó que la segunda investigación existente contra Uribe Vélez también por presunta manipulación de testigos, se originó luego de que el senador Cepeda informara a la Corte Suprema de Justicia que Juan Guillermo Monsalve uno de los testigos en contra de Uribe Vélez afirmó que “estaba siendo objeto de presiones”.

“Desde la ciudad de Neiva, por intermedio de Carlos Eduardo López Callejas, recibió mensajes en el sentido de que el presidente del Centro Democrático del Huila le ofrecía beneficios jurídicos, y a cambio, debía hacer un video señalando a Iván Cepeda como la persona que lo convenció, también con ofrecimientos, para declarar en contra de Álvaro Uribe Vélez”, señala el documento.

Agregó que incluso el 23 de febrero de 2018, en la Cárcel La Picota, una funcionaria comisionada escuchó en declaración a Juan Guillermo Monsalve quien afirmó que desde “la ciudad de Neiva, al parecer por orden de Álvaro Hernán Prada Artunduanga, y en Bogotá, por el abogado Diego Cadena quien se enunciaba como emisario del señor Álvaro Uribe, había recibido ofrecimientos para que se retractara de lo que había declarado ante autoridades judiciales en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe”.

Afirma Barceló que según las interceptaciones realizadas se evidenció una supuesta “participación Álvaro Uribe Vélez en el soborno a los reclusos y personas que el abogado Cadena, directamente o por intermediarios suyos, ha contactado, y de quienes ha obtenido escritos o videos que los abogados de Álvaro Uribe Vélez han presentado como pruebas de las sindicaciones que en 2012 el señor Uribe Vélez, a través de su abogado, presentó en contra de Iván Cepeda”.

Añadió el magistrado que las órdenes de interceptación “son reservadas y no son susceptibles de recursos y no se darán a conocer que ello puede interferir en el desarrollo de la investigación”.

Agregó Barceló que “la Sala Penal ejerció una competencia que le corresponde, ante la gravedad de los hechos no se podía incurrir en denegación de justicia sin existir materialmente la Sala de Instrucción, desde el momento en qué se abrió investigación formal contra Uribe Vélez, la Corte ha ofrecido y proporcionado todas las garantías que le corresponden en su condición de investigado”.

“El doctor Álvaro Uribe Vélez ha contado con los medios y el tiempo suficiente para preparar su defensa. Aún no ha rendido indagatoria y en su poder tiene todo el material de prueba (…) En consecuencia, no hay violación de garantías judiciales en una investigación que no ha iniciado y mucho menos en un juicio que aún no existe”, agrega el documento.

Álvaro Hernán Prada

Frente a la investigación contra el congresista Álvaro Prada, el magistrado José Luis Barceló, indicó que cuando se estableció que el representante a la Cámara al parecer, le hizo saber a Juan Monsalve “por intermedio de un tercero, su interés para que hiciera un video retractándose de sus declaraciones anteriores en contra de Uribe Vélez a cambio de gestionarle beneficios judiciales, se ordenó, entre otras cosas, acreditar su calidad aforal y escucharlo en versión libre una vez esto ocurriera”.

Afirmó Barceló que Prada Artunduaga “conoce los hechos y las pruebas con base en las cuales se abrió investigación; en la diligencia de indagatoria, que no ha ocurrido, tendrá oportunidad de exponer lo argumentos y las pruebas que estime pertinentes para su defensa”.

Agrega incluso que Prada Artunduaga “cuenta con la asistencia de un defensor que ha tenido acceso al expediente y ha aportado pruebas para desvirtuar los cargos en su contra”.