Conejo a La Conejera

Una cámara robótica de Noticias Uno logró una perspectiva aérea de la afectación al Humedal de la Conejera por parte de una empresa constructora de los cuñados del alcalde Gustavo Petro y sus familias. El alcalde que al principio defendió la construcción, terminó admitiendo su conflicto de interés.

La Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Curadores, tienen pronunciamientos pendientes desde enero hasta junio, en torno a la construcción de una urbanización de viviendas subsidiadas, en el borde del humedal de La Conejera, un santuario de aves migratorias en el nor-occidente de Bogotá.

Los Curadores Urbanos XX y X1aprobaron su licencia, a pesar de que en los planos de los diseñadores incorporaban XXX metros de la zona de protección y mitigación del santuario de fauna y ninguna separación entre la obra y la orilla del Canal Afidro, una de las fuentes que surte al humedal.

Este grupo de jóvenes prendió las alarmas cuando abrió un campamento para impedir lo que ellos consideran una invasión a un eco-sistema que la ciudad debería defender.

La Secretaria de Ambiente de Gustavo Petro, aseguró en principio que por no afectar ningún eco-sistema de la ciudad, su despacho no tenía argumentos para darle la razón a los ambientalistas de La Conejera. Pero tuvo que elaborar su propio mapa, porque el automático de la Secretaría de Planeación y oficial para la urbanización de cualquier predio en la ciudad siempre ha mostrado la invasión del humedal y el área del canal.

Una cámara robótica grabó para Noticias Uno la que podría ser la visión de un ave migratoria sobre el cuerpo de agua del que es endémica. La lente jamás pudo localizar cuatro mojones que alguna vez marcaron los límites de las áreas que le correspondía defender a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sobre las cuales no se pronunció su gerente, Eduardo Merlano Alcocer.

Juan Carlos y Verónica Alcocer, hermanos de la esposa de alcalde Petro, junto con sus familias, son los dueños de la constructora XX Praga, que consiguió la aprobación de las licencias de construcción, razón por la cual el alcalde se declaró impedido, después de que su gobierno intentara una defensa de su gestión frente a la construcción.

La Fiscalía ahora intenta precisar si en el trámite de las licencias, los constructores o las demás entidades distritales que intervinieron indujeron a los curadores en el error de aprobar una licencia que afectaba los cuerpos de agua y la vida silvestre.

El despacho de Alejandro Ordóñez investiga posibles irregularidades en el otorgamiento de la licencia, pero ésta no podrá ser examinada, para determinar si violó o no las normas bogotanas, hasta que Juan Manuel Santos no determine cuál será el alcalde ad-hoc que representará a Bogotá frente al negocio de los cuñados del alcalde. La decisión que se espera para las primeras semanas de enero.