Condenan a 6 años de cárcel a exfuncionaria de la SuperSalud por favorecer a entidades del sector

Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente para la Supervisión Institucional en la Superintendencia Nacional de Salud, entre 2016 y 2018, fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión por corrupción.

La investigación de la Procuraduría General de la Nación demostró que usó el cargo y la información privilegiada que conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas.

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En una primera instancia, el pasado 14 de mayo, el ente investigador, demostró los movimientos ilícitos de Carrascal y optó por inhabilitarla durante 15 años por incremento patrimonial injustificado que ascendió a $76.391.060.

Por otro lado, la investigación de la Procuraduría también demostró que Carrascal le anticipó al representante legal de una Empresa Prestadora de Salud (EPS) los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante una inspección y vigilancia que se iba a realizar contra la entidad, ante la crisis financiera que atravesaba y la hacía inviable.

De otra parte, asesoró y brindó información a cajas de compensación familiar e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que elaboraran y presentaran planes de mejoramiento y de reorganización, de tal manera que superaran el examen de la Supersalud. Además, se estableció que agilizó los trámites de pagos a las EPS y otras entidades territoriales vigiladas.

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En la etapa de juicio, la Fiscalía indicó que, por todas estas irregularidades, la exfuncionaria recibió $700’000.000; una parte del dinero fue utilizado para la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.

Ante la contundencia de las pruebas aportadas y la aceptación de cargos a través de un preacuerdo firmado de manera voluntaria por la señora Carrascal Cantillo, un juez penal del circuito de Bogotá la declaró responsable de los delitos de: concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.