Con prohibición de la Fiscalía excluyeron inscripción de venta de la hacienda Casablanca

La registradora de instrumentos públicos de Zipaquirá fue denunciada penalmente por su actuación frente a la finca de la que, según el presidente Santos, fue despojada una pobre viejecita.

Una parte de la familia de ella asegura que la registradora ordenó una inscripción en los folios respectivos, a pesar de las restricciones impuestas por la Fiscalía.

Tras ser registrada la venta de la hacienda Casablanca en Sopó, Cundinamarca, en marzo de 2010, los herederos de la vendedora solicitaron la revocatoria de la inscripción y registro del negocio, petición que fue denegada por la wel 28 de mayo de ese mismo año por la Registradora de Instrumentos Públicos de Zipaquirá, argumentando que no se reunían los requisitos.

El pleito por la venta de la hacienda llegó a los estrados judiciales
Y en febrero del año pasado, la Fiscalía que asumió la investigación por falsedad en documento público, adoptó medidas cautelares sobre el predio.

Dos años después, cuando el presidente Juan Manuel Santos entregó los primeros predios de restitución de Tierras en Ayapel, Córdoba, denunció que jueces y notarios se estarían prestando en esos robos de tierra y que había que perseguirlos. Fue ahí donde apareció el trema de la hacienda Casablanca.

No transcurrió sino un mes y medio después de que el Presidente hiciera la denuncia, para que la misma funcionaria cambiara la decisión. El pasado 23 de febrero decidió, pese a la prohibición de la Fiscalía, excluir la inscripción de las escrituras de la compraventa.

Pero esa razón, la funcionaria fue denunciada ante la Fiscalía y la Procuraría en medio de denuncias de falta de garantías por parte de los compradores.