El Código Penal en Colombia pasó de 11 a 16 delitos electorales que contempla penas que van desde los cuatro y nueve años de prisión.

El Gobierno a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), informó que se están adelantando algunas investigaciones.

“A las 175 denuncias que se han recibido, que han sido remitidas a las autoridades competentes. La línea Uriel sigue abierta”, afirmó Guillermo Rivera, ministro del Interior.

Por su parte, las autoridades ya pusieron en marcha el “Plan Democracia 2018”, principalmente en 16 municipios. “Se han analizado unas zonas en las que hay riesgos, amenazas de diferentes grupos y es así como sale el listado de municipios priorizados”, señaló Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares.

El ministro del Interior, Rivera invitó a que se hagan las denuncias a través de la línea nacional 01 800 912 005 o por la página de internet uriel.mininterior.gov.co.

“Hay varias formas de atentar contra un certamen democrático, pero tal vez los más graves son aquellos que pretenden que los ciudadanos voten sin estar completamente libres, uno de los más significativos es la corrupción al sufragante, que consiste en prometer algo a cambio del voto”, resaltó Carlos Guerrero Osorio, litigante consultor en asuntos de corrupción.

Y añadió que “las campañas electorales en Colombia tienen una financiación mixta, pero preponderantemente estatal, es decir hay recursos tanto privados como públicos, pero la idea es que la mayoría de recursos sean de carácter público”.

“En Colombia las condiciones electorales son bastante buenas. Tenemos una organización electoral bastante fuerte, pero por su puesto con posibilidades de algunas irregularidades que podrían ocurrir en cualquier otro país”, aseguró Guerrero Osorio.

Estos son los delitos electorales: 

• Perturbación del certamen democrático.
• Constreñimiento al sufragante.
• Fraude al sufragante.
• Corrupción al sufragante.
• Voto fraudulento.
•  Favorecimiento al voto fraudulento.
• Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección.
• Alteración de resultados electorales.
• Ocultamiento.
•  Retención y posesión ilícita de cédula.
• Denegación de inscripción.
• Fraude a inscripción de cédulas.
• Tráfico de votos.
• Financiación de campañas electorales con fuentes ilícitas.
•  Violación de topes o límites de gastos en las campañas presidenciales.
• Omisión de información al aportante.

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