Director de la Ungrd de frente Sin Carreta: ¿apagando un incendio de corrupción?

El recién nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, ha irrumpido en el escenario público con una declaración impactante: reconoce que la entidad enfrenta un incendio de corrupción. Carrillo asegura que cientos de contratos millonarios firmados durante su predecesor están ahora bajo sospecha.

Desde que asumió el cargo, Carrillo ha desvelado una situación preocupante: cientos de contratos suscritos por la entidad durante la gestión anterior están siendo investigados por posibles irregularidades. Esta revelación ha generado un clima de inquietud y desconfianza en torno a la gestión de recursos y emergencias en el país.

Sin embargo, el director no solo ha levantado polvo con sus declaraciones, sino también con sus acciones. Entre las críticas recibidas se encuentra el nombramiento de su mano derecha en la entidad, quien resulta ser el sobrino del presidente del Senado, Iván Name. Esta designación ha generado controversia y sospechas de nepotismo y favoritismo.

En medio de esta tormenta política y ética, Carlos Carrillo se encuentra en una encrucijada. Debe demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, mientras enfrenta las críticas y el escrutinio público.

Revelaciones de corrupción sacuden a Colombia

Un exfuncionario colombiano ha sacudido los cimientos del panorama político del país al revelar presuntos actos de corrupción. Sneyder Pinilla, quien ocupó el cargo de subdirector de Manejo de Desastres de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha expuesto ante la opinión pública el presunto desvío de fondos para pagar millonarias coimas a altos funcionarios del Gobierno.

Según las declaraciones de Pinilla, durante los meses de septiembre y octubre del año anterior, se habría utilizado dinero destinado a la Ungrd para sobornar al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Este supuesto pago millonario tenía como objetivo asegurar el respaldo legislativo a las reformas sociales propuestas por el Gobierno, relacionadas con temas de salud, pensiones y laboral.

El dinero presuntamente entregado a los líderes legislativos habría provenido de un contratista encargado de un proyecto de suministro de agua en el departamento de La Guajira. Sin embargo, este proyecto resultó ser un fracaso debido a irregularidades en la compra de carrotanques que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

Las acusaciones de Pinilla no solo involucran a los presidentes del Legislativo, sino que también señalan la presunta participación de altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Presidencia de Colombia ha manifestado su compromiso con la transparencia y ha ordenado una investigación exhaustiva sobre el presunto uso indebido de fondos públicos. Esta medida cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos.

Las revelaciones de Pinilla también incluyen detalles sobre la presunta entrega de dinero en efectivo, transportado en maletas negras, a través de la alta consejera para las Regiones, quien habría actuado como intermediaria en el proceso de entrega de los sobornos.

Las reacciones ante estas acusaciones no se han hecho esperar. Mientras que el senador Name ha negado rotundamente las versiones presentadas por Pinilla, el abogado defensor de este último ha expresado la disposición de su cliente para colaborar con las autoridades y devolver el dinero presuntamente malversado.

En medio de este escándalo, figuras cercanas al presidente Gustavo Petro han exigido la separación del cargo de la consejera Sandra Ortiz, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

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