Abuso en cambios de contadores de luz y agua, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos?
¿Pueden las empresas de servicios públicos cambiar el medidor sin avisar al dueño del predio?
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Uno de los problemas recurrentes que ha generado gran preocupación entre los usuarios de servicios públicos es el cambio de contadores de luz y agua sin previa notificación ni evidencia de daño. Esta práctica, que ha generado numerosas quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos, ha llevado a cuestionamientos sobre los derechos que tienen los ciudadanos para evitar abusos por parte de las empresas proveedoras.
Para abordar este tema crucial, Juan Diego Alvira entrevistó a Ulver Triviño, exsuperintendente delegado para la protección de usuarios, en un esfuerzo por aclarar dudas y brindar orientación a la ciudadanía.
Según Triviño, los usuarios tienen derechos fundamentales en relación con sus medidores de servicios públicos. En primer lugar, tienen el derecho de contar con medidores precisos y funcionales que reflejen con exactitud su consumo. Asimismo, los usuarios tienen el derecho de exigir que se les cobre con base en la lectura de estos medidores, asegurando así una facturación justa y transparente.
Es crucial destacar que los medidores deben ser cambiados únicamente en caso de presentar alguna avería o fallo técnico. En tales situaciones, es responsabilidad de la empresa proveedora costear el reemplazo del medidor sin generar cargos adicionales al usuario.
Además, Triviño enfatiza que las empresas están obligadas a notificar de manera anticipada a los usuarios sobre cualquier cambio obligatorio en los medidores. Esta notificación debe realizarse mediante un escrito dirigido al titular de la estructura donde se encuentra el medidor. En el caso de que se proceda con el cambio, se debe levantar un acta que documente la intervención realizada.
Otro aspecto crucial es la ubicación del medidor, el cual debe estar claramente visible y accesible desde la fachada de la propiedad del usuario. Esta disposición facilita la revisión del consumo por parte de los habitantes de la vivienda, garantizando una mayor transparencia en el proceso de facturación.