Dos | La renegociación de los contratos de los sistemas de transporte masivo llega a la Corte Constitucional
Lo cierto es que hoy las renegociaciones de los contratos con los operadores privados de los sistemas de transporte masivo no reportan mayores avances y el tiempo apremia
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La Corte Constitucional acaba de admitir el estudio de demanda que pretende tumbar una disposición incluida en la ley de adición presupuestal, aprobada este año, que ordena a las ciudades con sistemas integrados de transporte masivo renegociar dichos contratos con los operadores privados.
Según indica el artículo 4 de la ley de adición presupuestal, se deben «adelantar, hasta el 31 de diciembre de 2023, las renegociaciones de las condiciones económicas y de distribución de riesgos de esos contratos con los operadores y concesionarios privados y de esa manera garantizar la reducción de los costos y la continua y eficiente prestación del servicio público de transporte».
El senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez presentó la demanda contra la norma, advirtiendo que dicha orden «va en contra de todo plazo razonable y principio de planeación»; asegura que seis meses no son suficientes para evaluar y examinar cada una de las situaciones contractuales y determinar si existió o no un desequilibrio económico.
La magistrada Diana Fajardo asumió el conocimiento de la demanda: convocó a un debate sobre el tema a la Superintendencia de Transporte y a los alcaldes de Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.
Lo cierto es que hoy las renegociaciones de los contratos con los operadores privados de los sistemas de transporte masivo no reportan mayores avances y el tiempo apremia.