Uno | Por el coronavirus, fue concedida una detención domiciliaria en un caso que dará mucho de qué hablar
El Gobierno dicta a veces medidas que se cumplen a medias; por ejemplo, la concesión de detención domiciliaria transitoria para unas cuatro mil personas privadas de la libertad no se cumple ni en un 30 %. Un mes después de expedido el decreto, apenas 566 internos han recibido ese beneficio, mientras se han negado 2800 solicitudes. Entre las personas a quienes se les concedió la casa por cárcel figura un caso que seguramente dará mucho de qué hablar: se trata del exparamilitar Noé Jiménez Ortiz, alias «el Negro», considerado como la mano derecha del jefe del bloque norte de las autodefensas Juancho Prada, bloque al cual se le atribuyen 4600 homicidios en Cesar y Norte de Santander, cometidos entre 1995 y 2006.
A alias «el Negro», el Tribunal de Justicia y Paz acaba de concederle la detención domiciliaria. Este confeso paramilitar, de 62 años de edad, estando en la cárcel de Bucaramanga ha confesado ante Justicia y Paz 110 delitos, entre ellos, homicidio en persona protegida, toma de rehenes, terrorismo, tortura, secuestro, desplazamiento forzado y amenazas. Llama la atención que el Tribunal de Justicia y Paz le otorgó la libertad a sabiendas de que esos delitos están en la lista de excepciones.
Incluso, los magistrados van más allá y abren la puerta para que otros paramilitares que están sometidos a Justicia y Paz salgan para sus casas. Leo textualmente lo que dicen los magistrados:
«No es posible equiparar los efectos del citado decreto, respecto de quienes están siendo juzgados por conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad en la justicia ordinaria y quienes lo están siendo en esta jurisdicción, y en consecuencia, la concesión o no de la detención domiciliaria transitoria deberá ser evaluada en cada caso particular y concreto respecto de los postulados a la Ley de Justicia y Paz». La jurisdicción de Justicia y Paz, que nació en el gobierno Uribe para facilitar la desmovilización de los paramilitares, ahora considera que está por encima de las limitaciones que establece el decreto de deshacinamiento carcelario.