Sancionan a EPS indígena por fallas en la atención de 20 menores con desnutrición

La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS Asociación Indígena del Cauca con 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al identificar serias fallas en el proceso de atención de 20 menores pertenecientes a la etnia Wayúu, diagnosticados con desnutrición aguda severa y bajo peso por talla.

La investigación, que inició en 2016, da cuenta de la falta de implementación de las acciones necesarias por parte de la EPS indígena, para garantizar la atención en términos de oportunidad e integralidad a estos menores.

De acuerdo con el acto administrativo, AIC no implementó los programas de promoción y prevención, de conformidad con los factores de riesgo identificados en cada uno de los casos; tampoco garantizó los servicios, tecnologías y la red suficiente para atender su población afiliada, más si se tiene en cuenta que estos menores se encontraban diagnosticados con desnutrición aguda severa, desnutrición global severa y bajo peso para la talla.

En este sentido, al analizar las pruebas allegadas, la Superintendencia identificó que algunos de los soportes de atención de estos menores no registraban el peso al nacer, ni un seguimiento adecuado y/o tratamiento, dado que en su mayoría no recibieron una atención en los programas de crecimiento y nutrición.

“Es intolerable que este tipo de situaciones, en donde se pone en riesgo la vida de los menores se siga presentando. Seremos implacables con el seguimiento y para el caso particular de La Guajira como ya lo he manifestado previamente, continuaremos vigilantes y sancionaremos a quienes pongan en riesgo la integridad y la vida de todos los usuarios”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

El Superintendente hizo un llamado a todos los actores que intervienen en la atención de estos casos, para que implementen las acciones necesarias que garanticen la atención oportuna de los usuarios, y les recordó que continuará haciendo un seguimiento y mapeo a lo largo del territorio nacional, para identificar y sancionar a aquellas EPS, IPS y Secretarías de Salud que, en el marco de sus competencias no actúen con diligencia y vulneren los derechos de los colombianos.