Persisten riesgos de corrupción en contratos para atender la crisis de la Covid-19

La iniciativa “Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19”, conformada por nueve organizaciones de la sociedad civil de diferentes territorios del país, continúa con su ejercicio de control ciudadano identificando patrones y riesgos de corrupción en la contratación pública y en la distribución de recursos destinados para atender la emergencia sanitaria.

El tercer informe da continuidad al análisis desarrollado desde el 16 de marzo al 17 de julio, en torno a la contratación pública en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C. En esta ocasión se incluyen dos nuevos territorios: Atlántico y Antioquia.

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¿Qué ha pasado con la contratación para atender la emergencia COVID-19?

• Se han encontrado contratos por aproximadamente 2.5 billones de pesos. Entre el 16 de marzo y el 17 de julio, se han celebrado 19.882 contratos por valor de $2.459.950.258.316 para atender la emergencia COVID-19.
• De los contratos celebrados bajo modalidad directa, el 36% se han hecho utilizando la causal de urgencia manifiesta. El valor de estos contratos asciende a 1,5 billones de pesos ($1.545.219.383.780), esta cifra representa el 63% de los recursos contratados para atender la emergencia.

Al respecto, Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia señaló que:

“A casi 5 meses de decretada la emergencia, es necesario mejorar la planeación de los procesos contractuales y usar modalidades diferentes a la contratación directa, que permitan mayor pluralidad de oferentes, y calidad en los bienes y servicios”.

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• Aunque la mayor inversión de recursos sigue siendo para la adquisición de mercados, se registra un aumento importante en la compra de equipos y elementos médicos.

En estos cuatro meses se ha observado que la mayor parte de los contratos ha tenido como objeto la adquisición de alimentos para la población más vulnerable.

Estos contratos se clasifican en SECOP bajo la categoría de “Alimentos, Bebidas y Tabaco”. En segundo lugar, se encuentran los contratos para la adquisición de elementos y equipos de bioseguridad clasificados como “Equipo Médico, Accesorios y Suministros”; es importante destacar que, en esta categoría, del 25 de mayo (fecha de corte del segundo informe de Ciudadanía Activa) al 17 de julio, aumentó la inversión de recursos en más de 43 mil millones ($43.741.410.189).

Otros hallazgos

• Persisten los sobrecostos y la falta de idoneidad en los contratistas

En los reportes de los departamentos de Atlántico, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Santander y Valle del Cauca se ha alertado sobre presuntos sobrecostos en la contratación pública, especialmente en la compra de elementos de bioseguridad y kits de alimentación.

También, se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia previa en contratación pública y/o sin Registro Único de Proponente (RUP).

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• Se destaca el interés ciudadano por reportar hechos de corrupción

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia por Colombia ha recibido 72 reportes relacionados con posibles hechos de corrupción, de estos el 63% corresponden a posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante la emergencia.

Las principales irregularidades reportadas son: sobrecostos en los productos, abuso en la contratación directa o favorecimiento a intereses políticos.

• Falta claridad en la información sobre los recursos que efectivamente se han invertido para atender la pandemia

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para atender la emergencia, el Ministerio de Hacienda ha reportado la destinación de $7,1 billones para atención en salud y $4,7 billones para atención humanitaria, entre otras categorías de inversión.

Si bien no toda la contratación se reporta a través de la plataforma de SECOP, llama la atención la diferencia de montos reportados en el servicio electrónico de contratación y las cifras dadas por el Gobierno Nacional.

• La calidad de la información que se reporta en SECOP es deficiente

Para el desarrollo del tercer informe de seguimiento a la contratación, la Alianza tuvo que depurar más de ocho millones de datos. Parte de este trabajo consistió en verificar números de identidad, valores de los contratos y verificar si correspondía, en efecto, a contratos para atender la emergencia.

• A pesar de alertas, continúan identificándose financiadores de campañas territoriales que son contratistas

A la fecha de corte de este informe se han encontrado 331 contratistas para la emergencia que financiaron campañas territoriales, de los cuales 78 entregaron sus recursos a candidatos que salieron elegidos en el 2019. El total de los contratos que han celebrado estos financiadores suman $32.285.723.513.