Por día se han desplazado 38 personas en Arauca, por acciones de grupos armados en lo que va del 2022

El departamento Arauca, desde inicios del 2022, ha sufrido una fuerte crisis humanitaria por los conflictos de actores armados en la zona, pues desde el pasado 2 de enero, por la confrontación entre grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo advierte nuevamente sobre el fenómeno de desplazamiento forzado y la situación de zozobra que se vive en esa zona del país.

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“Desde nuestra Regional Arauca hemos hecho permanente seguimiento a la situación de derechos humanos. Nos preocupa que se sigan cometiendo acciones en contra de la población civil que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Precisamente el fin de semana se reportó el ataque a un carro en el que transportaban 9 personas entre Tame y Puerto Rondón, en los hechos fallecieron dos adultos y dos niños de 5 y 8 años. Que las acciones de los violentos acaben con la vida de niños inocentes no puede seguir ocurriendo”, aseguró el Defensor del Pueblo.

“Aprovechamos para hacer un llamado a la no revictimización por parte de las autoridades, pues el levantamiento de los cuerpos de los homicidios ocurridos el 17 de abril, fue hecho por los mismos familiares, líderes comunales y una funeraria”, agregó Carlos Camargo.

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Hasta este 21 de abril, ya son 146 los homicidios que se han reportado en lo corrido del año en Arauca, de los cuales 5 eran líderes sociales, lo que mantiene a los habitantes del departamento en medio del temor y la zozobra por los enfrentamientos de los grupos armados ilegales.

Carlos Camargo advirtió que el riesgo para la población civil sigue siendo alto y pidió seguir las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas que siguen vigentes en el departamento.

Finalmente, reiteró su llamado a los actores armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil, repudió que sus acciones ya hayan cobrado la vida de niños y emitió un llamado a permitir el acceso a misiones humanitarias en el territorio pues siguen existiendo amenazas en contra de líderes sociales y de la comunidad en general por retenciones y desapariciones. De la misma forma a las autoridades locales a diseñar planes de acción para atender a las comunidades confinadas y desplazadas, pero además a incrementar la presencia de la Fuerza Pública.