Presidente Santos sanciona Ley de sometimiento de bandas criminales
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El presidente Juan Manuel Santos, sancionó desde la Casa de Nariño, la Ley de Sometimiento a la Justicia para las organizaciones criminales, por medio de la cual se adoptan las medidas para su sujeción a la justicia y explicó, que este procedimiento no implica la aplicación de la justicia transicional o su participación en política.
“Es un procedimiento especial para que grupos armados organizados se sometan a la justicia, pero esto no implica darles reconocimiento político o la aplicación del mecanismo de justicia transicional. Con esto logramos las garantías de seguridad para seguir afianzando la paz, la lucha contra las organizaciones responsables de homicidios o masacres que atentan contra los defensores de DD.HH. y contra movimientos sociales o políticos”, indicó el jefe de Estado.
El mandatario explicó que quienes se entreguen y colaboren con la justicia podrían beneficiarse con rebajas de hasta el 50%.
“Quienes se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero podrían perderlas si incumplen con los compromisos (…) El sometimiento permite una rebaja de hasta la mitad de la pena y con esto seguimos sentando las bases solidas para la construcción de la paz, esta Ley va a tener un efecto y una consecuencia muy importante para el país en los próximos días” indicó Santos.
También recordó que personalmente lideró una campaña contra el “Clan del Golfo”, que han venido adelantando las Fuerzas Militares con la Policía y que “ha tenido unos resultados muy importantes”, por lo que se han adelantado “conversaciones con abogados que representan a este grupo organizado y lo que nos han dicho es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso, para someter a los cabecillas de esta organización a la justicia”.
Según el presidente Santos, la Ley “fortalece los mecanismos para enfrentar a la delincuencia organizada. Se crean lo delitos de asesoramiento a grupos delictivos armados organizados, la amenaza contra defensores de DD.HH. y servidores públicos; y se aumentan las penas a delitos como concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante, fabricación porte o tenencia de armas de fuego y uso de prendas privativas de la Fuerza Pública. Se aumentan los términos de prisión preventiva. Y además quien haya sido condenado por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos no podrá hacer transacciones superiores a los 10 salarios mínimos”.
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