¡Libertad para trabajar!

Estamos asistiendo a una escalada de las acciones intimidatorias de los violentos que necesita un freno urgente. Están convirtiendo una vez más, como sucedió en algunos de los momentos más oscuros de nuestra historia, a los periodistas en uno de los principales objetivos públicos de sus amenazas, conocedores del impacto que tiene sobre la sociedad en general cualquier intimidación que recaiga sobre los comunicadores encargados de informarnos y mantenernos al tanto de lo que ocurre en nuestro país.

Resulta inaudito que el líder de un grupo guerrillero que supuestamente viene buscando acercamientos con el Gobierno Nacional para establecer negociaciones de paz amenace, mediante una red social, a la directora de uno de los principales medios de información política y a una de sus periodistas, Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar. Twitter se apresuró a cancelar la cuenta de Antonio García, y el presidente Gustavo Petro fue también contundente al salir a condenar sus mensajes y defender a las comunicadoras.

Muy poco, demasiado tarde, es la sensación que queda. Ha pasado apenas una semana desde que seis hombres armados irrumpieron en la sala de redacción de otro medio, El Heraldo de Barranquilla, para amedrentar a su directora, Erika Fontalvo, y exigir la publicación de una entrevista a Digno Palomino. Ha pasado apenas una semana desde que otro delincuente amenazara, mediante un video grabado desde la cárcel, a policías y comerciantes barranquilleros.

Están tomando ventaja los violentos, es lo que pareciera. Lo peor de todo es que estos son los casos visibles, con resonancia pública, por involucrar al mundo del periodismo. Pero se trata apenas de la punta del iceberg. Debajo del agua hay un 90 % de lo que se podría considerar el hielo, toda una montaña de ataques permanentes a colombianos de otros sectores productivos, que deben lidiar diariamente con extorsiones, atracos y amenazas.

Para los ferreteros, para los panaderos, para los tenderos, en general para los comerciantes pequeños de los barrios de todas las ciudades y regiones de Colombia que construyen el país desde sus cimientos, este tipo de amedrentamientos no son nada nuevo. Ellos han venido sufriendo este tipo de ataques cotidianamente, hasta el punto de que se han normalizado, se han vuelto paisaje y han dejado de ser noticia.

Las pequeñas, micro y medianas empresas representan más del 90 % del sector productivo colombiano. Generan más de 80 % de todo el empleo. Y es necesario alzar también la voz en su defensa, porque son nada más y nada menos que las víctimas cotidianas de la violencia que hoy, envalentonada, busca amedrentar también a los comunicadores y periodistas.

Se necesita libertad para trabajar, libertad para producir, para construir un mejor país. Llámese hablar por un micrófono, publicar un periódico o producir panes en un barrio, ningún colombiano se merece lo que está pasando. La tarea es cortar de tajo la rampante impunidad, que tiene a los bandidos convencidos de que pueden hacer lo que quieren sin consecuencias.

En medio de la ola de reformas en que está inmerso el país en estos días, hay un sector huérfano que sí está reclamando a gritos cambios de fondo: la justicia. Empieza a volverse imperativa una reforma a la justicia para que los colombianos podamos empezar a liberarnos de los bandidos.