“No se han identificado actos de corrupción”: Rotorr se defienda ante acusaciones
Rotorr, la entidad pública que impulsa proyectos de innovación social y tecnológica, se defiende ante el rector de la UNAL, Leopoldo Múnera.
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La Corporación Rotorr, creada en 2023 como entidad pública sin ánimo de lucro para gestionar proyectos de innovación tecnológica y social, quedó en el centro de un debate interno en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Desde su posesión, el rector Leopoldo Múnera solicitó revisar las actividades de la corporación y el manejo de sus recursos; también trasladó el tema a escenarios administrativos y penales. Hasta ahora, dichas actuaciones no han derivado en decisiones adversas contra la entidad.
Rotorr se concibió para acelerar la ejecución de recursos públicos y la transferencia de conocimiento entre universidad, Estado y sector productivo. Según sus reportes, en menos de dos años logró más de 23 contratos con entidades públicas como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Icfes, el CNE y la UGPP, movilizando más de $340 mil millones. Parte de estos recursos se orientan a fortalecer funciones misionales de la UNAL y a apoyar instrumentos como el Fondo de Apoyo Estudiantil (FAE).
La rectoría ha manifestado reparos sobre el modelo de Rotorr y su relación con la Universidad, y ha pedido vigilancia sobre su gestión. En paralelo, promovió seis acciones ante la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades con el propósito de anular reformas estatutarias y designaciones internas de la corporación. Todas esas solicitudes fueron negadas.
En el marco de la controversia, se detuvo la ejecución de cinco “laboratorios de paz” localizados en zonas rurales de Simití (Bolívar), Tarazá y San Pedro de Urabá (Antioquia), así como San Martín de los Llanos y Mapiripán (Meta). Estos proyectos vinculaban a 140 familias campesinas, incluidas víctimas y personas en proceso de reintegración. Con la suspensión, se reportan afectaciones laborales y deterioro de cultivos pertenecientes al Estado.
Para blindar su operación, quienes lideran Rotorr avanzaron en cambios estatutarios; redefinieron su naturaleza jurídica para dotarla de mayor independencia frente a la UNAL. La dirección ejecutiva está a cargo de Jaime Alonso Restrepo, estudiante de doctorado con trayectoria en innovación social, desarrollo territorial y tecnología. La puesta en marcha contó con aportes en especie por mil millones; $700 millones de la UNAL y $300 millones del FODUN.
La defensa de Rotorr
El director ejecutivo de la Corporación, Jaime Alonso Restrepo Carmona, respondió a los señalamientos de la rectoría y defendió la transparencia en la gestión de la entidad. Aseguró que la decisión de apartar a los representantes de la Universidad en el Consejo Directivo provino del propio rector.
“Fue el propio rector quien revocó intempestivamente el nombramiento de los profesores designados ante el Consejo Directivo. Además, en una comunicación oficial manifestó su decisión de no asistir a las reuniones del Consejo”.
Sobre las denuncias de ocultamiento de información, Restrepo indicó que existen providencias judiciales que respaldan a la corporación.
“La anterior contestación no denota una actitud evasiva por parte de la entidad accionada (Rotorr), y ha de entenderse como suficiente para satisfacer el derecho de petición del extremo accionante (la Rectoría de la UNAL)”.
Explicó, además, que el acceso a los documentos se realiza a través de la plataforma SecureDocs, por tratarse de información reservada y estratégica.
“Como el mismo rector ha manifestado en múltiples ocasiones, no se han identificado actos de corrupción en nuestra Corporación. Rotorr rinde informes oportunamente ante la Contaduría General de la República, la Contraloría General, la Dian, la Comisión Legal de Cuentas, la Auditoría General y la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá. Ninguna auditoría ha arrojado hallazgos fiscales, disciplinarios ni penales”, enfatizó frente a los señalamientos de corrupción.
“Lamentablemente, la campaña de desprestigio sí ha tenido consecuencias. Se ha afectado a 140 familias campesinas, víctimas y desmovilizados, que hacían parte de cinco laboratorios de paz en Bolívar, Antioquia y Meta”, agregó.
“Extiendo una sincera invitación al rector de la UNAL para que dejemos de lado nuestras diferencias y construyamos juntos el modelo de universidad que el país necesita, priorizando las comunidades vulnerables de la Colombia profunda”.
Aunque persiste el escrutinio institucional, Rotorr continúa ofreciendo asesorías y gestionando iniciativas con base en capacidades construidas alrededor de la Universidad Nacional.