Qué sigue para Álvaro Uribe: Tribunal de Bogotá tiene la palabra en caso por presunto soborno a testigos

La juez 41 Penal del Circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera negó este martes el pedido de un fiscal para cerrar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno.

Este es un nuevo revés para el exmandatario en uno de los casos más sonados y politizados de los últimos años en el país.

“Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, afirmó la jueza Laura Barrera durante una audiencia pública en Bogotá.

Es la segunda vez que un tribunal rechaza una solicitud de la Fiscalía para archivar la investigación contra Uribe por presuntamente sobornar y manipular testigos alrededor de su supuesta participación en grupos armados de extrema derecha.

La decisión allana el camino para que Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se convierta en el primer expresidente colombiano en ser enjuiciado.

la Fiscalía anunció que apelará la decisión al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar al expresidente y que se debe precluir el proceso porque las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador de izquierdas Iván Cepeda.

Si finalmente un Tribunal Superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal).

Uribe, señalado en varios frentes de tener vínculos con narcos y paramilitares, terminó enredado por un efecto bumerán de la justicia colombiana.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha.

Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.

Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.