Procuraduría advierte que el proyecto que promueve la movilización campesina excede potestad del ejecutivo

La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su preocupación con respecto al proyecto de decreto que ha publicado por el Ministerio de Agricultura.

En sus considerandos, este proyecto no hace mención de los derechos fundamentales de reunión y protesta pacífica, los cuales están garantizados en nuestra Constitución, en el artículo 37.

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Por lo que la Procuraduría considera alarmante la expedición de un decreto que parece exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo al regular derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo, y sobre los cuales el Estado debe limitarse a garantizar su ejercicio.

La Procuraduría también ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno esté utilizando este decreto oficial para respaldar su proyecto de reforma agraria a través de movilizaciones sociales.

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Aunque el texto no es del todo claro en este aspecto, uno de los argumentos presentados en el borrador es que se hace un “llamado a la movilización y organización campesina” y se establecerán comités municipales como “mecanismos de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”.

Además, surge la incertidumbre sobre si el Gobierno destinará recursos para respaldar la participación de los campesinos en estas movilizaciones, ya que el texto indica que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

Estas observaciones son cruciales, puesto que la expedición de este decreto podría representar una posible violación de nuestra Constitución Política al reglamentar, promover y posiblemente financiar la movilización de un sector específico de la sociedad para respaldar una política gubernamental.

Por lo tanto, la Procuraduría insta al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes.

Esto permitiría evitar la multiplicidad de espacios que puedan sobrepasar la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, al mismo tiempo que contribuiría al fortalecimiento de las relaciones sociales y la confianza institucional.