Así respondió Petro a suspensión del Consejo de Estado de pauta oficial para medios alternativos

El Gobierno recibió un revés judicial luego de que el Consejo de Estado suspendiera los efectos de la Directriz 11, lineamiento que ordenaba reservar el 33% de la publicidad institucional para medios comunitarios y alternativos. La respuesta del presidente Gustavo Petro llegó de inmediato, al advertir que el alcance de la decisión toca principios de libertad de prensa y de autonomía para definir la estrategia de comunicación del Ejecutivo.

“Esto es un abuso a la libertad de prensa Un magistrado no puede decirnos con que medio pautar. La libre expresión y la libertad de fundar medios de comunicación en Colombia son derechos fundamentales”, indicó Petro.

La medida del alto tribunal surge de una demanda contra la Directriz 11 y, de manera provisional, detiene la obligación de asignar una cuota fija del presupuesto de pauta a un tipo específico de medios. De acuerdo con el razonamiento jurídico, ese esquema de distribución chocaría con reglas esenciales de la contratación pública; selección imparcial del contratista, igualdad de condiciones para los oferentes y competencia abierta, además de lineamientos contenidos en la normativa anticorrupción. En otras palabras, el Estado debe poder elegir con base en idoneidad, mérito y conveniencia para el interés general, sin topes predeterminados por categoría de medio.

En el expediente también se tuvieron en cuenta planteamientos de la Fundación para el Estado de Derecho. Su director, Andrés Caro, advirtió que la directriz reducía la competencia al obligar a contratar con un grupo previamente delimitado, lo que acota la diversidad de propuestas y la posibilidad de encontrar alternativas más ventajosas para la administración y la ciudadanía.

La organización, además, señaló prácticas que han generado dudas sobre la transparencia y efectividad del gasto, como la destinación de recursos a encuentros con influencers, en lugar de impulsar capacidades sostenibles de los medios comunitarios.

Los promotores de la demanda sostienen que apoyar a medios alternativos y a nuevas figuras de comunicación es un propósito legítimo, pero insisten en que ese objetivo no debe traducirse en privilegios ni excepciones que desdibujen las reglas generales del sistema de contratación. La suspensión de la Directriz 11, por tanto, enfatiza la necesidad de que la pauta oficial se adjudique bajo parámetros competitivos y equitativos, con criterios verificables y apegados a la ley, para proteger el erario y asegurar la mejor oferta.