ONG’s rechazan que ‘falsos positivos’ vayan al Tribunal de Paz
Las 33 organizaciones argumentan que dicha decisión podría frenar de forma indefinida el proceso penal en uno de los casos de Soacha.
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Para las organizaciones colombianas e internacionales, entre las que se encuentra Human Rights Watch, las autoridades que tienen competencia para revocar la decisión, “deben tener en cuenta el grave daño que, de no ser revocada, esta decisión les hará a las posibilidades de que rindan cuentas los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
El pasado 28 de marzo un juzgado penal de Garantías de Bogotá se negó a realizar una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 miembros del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jóvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008. El juez argumentó que la futura Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendría competencia para conocer el caso.
“No existe ninguna disposición en el Acuerdo de Paz o en la legislación vigente en Colombia que permita suspender procesos penales contra miembros de la Fuerza Pública presuntamente responsables de atrocidades”, dice la misiva de las ONG’s.
Por último concluyen los grupos defensores de derechos humanos que “resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes”.
Vea aquí el comunicado completo de las 33 organizaciones de derechos humanos.