Colombia gana pleito a otra minera canadiense que pretendía operar en páramo de Santurbán
Es la segunda demanda que Colombia gana a una compañía minera de ese país este año, por los mismos conceptos, luego de que en marzo el Tribunal Arbitral fallara contra la Red Eagle Exploration Limited
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El Tribunal Arbitral, constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), falló frente a un arbitraje iniciado por Montauk Metals Inc. (anteriormente Galway Gold Inc.) contra Colombia.
La disputa se centraba en la prohibición de actividades mineras en los ecosistemas de páramos, particularmente en el de Santurbán. Es la segunda demanda que Colombia gana a una compañía minera de ese país este año, por los mismos conceptos, luego de que en marzo el Tribunal Arbitral fallara contra la Red Eagle Exploration Limited.
En su laudo, el Tribunal desestimó las reclamaciones de Montauk Metals Inc. de expropiación y de violación del estándar de Trato Justo y Equitativo.
Según el Tribunal, las medidas adoptadas por Colombia para proteger el ecosistema de páramos fueron tomadas de buena fe y representan un ejercicio legítimo del derecho soberano del Estado a regular con el fin de preservar su medio ambiente.
Fue la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la entidad que evitó que Colombia pagara una demanda más de $700.000 millones a la compañía minera canadiense.
El Tribunal determinó que Montauk Metals Inc. no tenía una expectativa legítima de que Colombia no protegería sus páramos y que las acciones del Estado no fueron arbitrarias ni injustas. En su análisis, el Tribunal concluyó que la prohibición de actividades mineras en los ecosistemas de páramos, y en específico en el páramo de Santurbán, no constituyó una expropiación de los derechos del inversionista.
La decisión también resalta que, en contraste con el caso de Eco Oro Minerals, las acciones de Colombia no generaron excesivas incertidumbres ni arbitrariedades en su esfuerzo por proteger el páramo de Santurbán..
El equipo de defensa de Colombia estuvo conformado por abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y la firma legal internacional Latham & Watkins.